La libertad de expresión constituye uno de los pilares esenciales de toda sociedad democrática, garantizasu ejercicio resulta indispensable para la participación ciudadana, la vigilancia del poder público y la protección de otros derechos fundamentales. La libertad de expresión es el derecho de toda persona a emitir opiniones, compartir información y recibir ideas sin temor a represalias, censura o interferencia arbitraria. Su ejercicio es condición para el pensamiento crítico, el debate plural y la exigencia de rendición de cuentas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
En este escenario, las redes sociales se han consolidado como un espacio clave para el ejercicio de este derecho. Han permitido visibilizar causas, denunciar injusticias y ampliar la participación ciudadana en los asuntos públicos, especialmente de los grupos en situación de vulnerabilidad o de atención prioritaria como mujeres víctimas de violencia, familias de personas desaparecidas, colectivos LGBTI+, pueblos indígenas, entre otros. Al facilitar la circulación de ideas sin los filtros tradicionales de los medios convencionales, estas plataformas han fortalecido la deliberación democrática.
No obstante, el uso de estos espacios digitales no está exento de riesgos. La proliferación de desinformación, los discursos de odio y la manipulación algorítmica han generado tensiones crecientes que, en algunos contextos, han derivado en respuestas estatales restrictivas. En lugar de atender estas problemáticas desde un enfoque basado en derechos humanos, algunas autoridades han optado por medidas que, bajo el argumento de preservar el orden o prevenir abusos, han desembocado en censura al disenso. Este derecho enfrenta nuevos desafíos en un entorno marcado por la digitalización de la vida pública.
En este entorno, la libertad de prensa enfrenta también múltiples desafíos. La labor periodística, particularmente aquella que investiga actos de poder, documenta violaciones de derechos o amplifica las voces de víctimas, ha sido objeto de presiones, amenazas y criminalización. Al respecto, Amnistía Internacional ha señalado que “una prensa libre, que informe sobre los asuntos que nos interesan y conforman nuestras vidas, es una de las piedras angulares de cualquier sociedad respetuosa con los derechos”. Proteger este componente de la libertad de expresión resulta fundamental para garantizar una ciudadanía informada y activa.
En consecuencia, la regulación de contenidos en plataformas digitales debe observar los estándares internacionales en la materia, evitar medidas que —aunque se presenten como necesarias para combatir el odio o la desinformación— terminen por limitar el disenso legítimo, la crítica fundada o la denuncia pública. En este punto, la delgada línea entre moderación de contenidos y censura requiere un escrutinio constante desde la sociedad civil y los organismos de derechos humanos.
En México, el ejercicio de la libertad de expresión en redes sociales se ha visto condicionado por prácticas que, lejos de fortalecer el diálogo democrático, han dado lugar a formas de censura directa e indirecta. Amnistía Internacional expone que “la libertad de expresión abarca toda clase de ideas, incluidas aquellas que puedan considerarse profundamente ofensivas. El derecho internacional protege la libertad de expresión, aunque hay casos en los que, de conformidad con ese mismo derecho, es legítimo limitarla cuando viola los derechos de otras personas o promueve el odio e incita a la discriminación y la violencia”. No obstante, ha advertido que, en la práctica, muchos gobiernos utilizan estas excepciones como justificación para silenciar voces críticas o manifestaciones pacíficas.
A pesar de que el marco internacional es claro respecto a los límites legítimos a este derecho, diversas autoridades en el país han recurrido a mecanismos legales, administrativos o tecnológicos para inhibir la crítica pública o el activismo digital. Se han documentado diversos casos en los que personas defensoras de derechos humanos, periodistas y usuarios de redes sociales han enfrentado procedimientos judiciales por supuestas faltas vinculadas con violencia política o delitos contra el honor, a partir de publicaciones o denuncias difundidas en plataformas digitales. Si bien estas figuras jurídicas tienen respaldo en alguna legislación vigente, su aplicación selectiva y punitiva genera un efecto inhibidor sobre la libertad de expresión y la participación ciudadana, tal es el caso de un periodista exdirector del diario Tribuna que fue vinculado a proceso por presuntamente incurrir en delitos de incitación al odio y violencia contra la gobernadora de Campeche.
A estos mecanismos de control se suman los riesgos derivados de la vigilancia digital. Diversas organizaciones de derechos humanos han documentado el uso de tecnologías intrusivas por parte de actores estatales para intervenir comunicaciones privadas, acceder sin autorización a datos personales o incluso activar de forma remota cámaras y micrófonos principalmente en los dispositivos de periodistas, activistas y personas defensoras de derechos. Aunque estas prácticas suelen justificarse bajo discursos de seguridad nacional o mantenimiento del orden público, en la práctica constituyen violaciones a derechos fundamentales y socavan el derecho a disentir, cuestionar o señalar actos de poder desde la ciudadanía.
El deterioro de la libertad de expresión, particularmente en los espacios digitales, representa una amenaza real para el tejido democrático. Cuando las opiniones y críticas se convierten en blanco de represalias legales, vigilancia o censura, se desdibuja la posibilidad de una ciudadanía activa y participativa. Se trata en el fondo, de un intento por imponer una visión única de lo público, donde el cuestionamiento se interpreta como hostilidad y la denuncia como delito.
Ante este panorama, corresponde a las instituciones del gobierno promover la libertad de expresión, garantizar condiciones efectivas para el ejercicio de este derecho, asegurar que las políticas públicas no se conviertan en instrumentos inhibidores de este derecho fundamental, sino en herramientas para ampliar la libertad y fortalecer el diálogo democrático. Defender la libertad de expresión no es un acto simbólico ni un privilegio de unos cuantos; es una necesidad estructural para la construcción de un país justo y plural.
Este derecho no solo implica la posibilidad de hablar, sino también la de escuchar, disentir y acceder a información veraz y diversa. Su verdadero valor se pone a prueba cuando protege las voces incómodas, las narrativas contrahegemónicas y las denuncias que buscan justicia. Frente a la censura y la vigilancia, reafirmar la libertad de expresión es defender el derecho a imaginar futuros posibles, a cuestionar lo establecido y a construir de manera colectiva nuevas formas de convivencia democrática.
De ahí la importancia de analizar y rectificar las iniciativas de Leyes que se encuentran en el Congreso General para que no se violenten los derechos humanos de las personas, por ejemplo, la Ley de la Guardia Nacional, respecto de la cual la Oficina de México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha llamado la atención sobre algunas disposiciones que afectan los derechos de las personas; la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Seguridad Pública y la llamada Ley Antilavado. La reciente tendencia a limitar libertad de expresión de las personas no es privativa de México, es una actitud que peligrosamente avanza a nivel mundial.
Profesor universitario y especialista en derechos humanos.
