Cuando el entonces gobernador Graco Ramírez Garrido impulsó junto con el entonces mayoritario Partido de la Revolución Democrática la reforma electoral y constitucional que redujo de 30 a 20 el número de diputados locales ofreció el argumento de que con ello la Legislatura sería menos costosa, algo que nunca ocurrió. Lo que realmente buscaba, según los analistas de entonces, era controlar al Congreso. Y lo que consiguió fue debilitar la legitimidad de la representación y generar un mayor riesgo de parálisis legislativa, como demostraron las legislaturas LIV y LV.
La reducción en el número de legisladores produjo que, de un promedio de 67 mil representados por cada diputado se llegara a los 100 mil; y no sólo eso, bastaba el descuerdo o hasta la confabulación de siete para frenar cualquier iniciativa y hasta detener las actividades del Congreso local. En una evidencia de disfuncionalidad, el Congreso de Morelos, la representación de la soberanía popular de alrededor de dos millones de morelenses tenía dos miembros menos que el Tribunal Superior de Justicia, cuyo pleno integran doce magistrados; algo que continuará hasta la entrada en vigor de la Reforma Judicial.
La reforma electoral que presentó ayer el Partido Acción Nacional incluye dos iniciativas, una en materia de garantizar la paridad de género en las elecciones de ayuntamientos, y la otra que reconforma el Congreso del estado para devolverlo a 30 diputadas y diputados, aunque con modificaciones en los mecanismos de representación proporcional. Se plantea que nuevamente haya 18 diputados de mayoría relativa (los que son electos con el voto directo de la ciudadanía), se mantengan los actuales ocho de representación proporcional (designados entre los partidos que logren el tres por ciento o más de la votación válida, con algunos candados para evitar la sobrerrepresentación) y la inclusión por primera vez de cuatro legisladores por lista de mejores perdedores, es decir, los que hayan obtenido en cualquier distrito la mayor cantidad de votos pero que no hayan ganado su elección.
La idea es conseguir que el Congreso de Morelos no solo constituya una mejor y más eficiente representación de la voluntad de los morelenses expresada en las urnas, sino también que constituya un ente mucho más funcional en que fenómenos como la compra de conciencias, los bloques de contención y otros desfiguros legislativos se erradiquen del todo o, por lo menos, no resulten tan frecuentes.
Esta nueva conformación del Poder Legislativo no implica elevar los costos que el Congreso representa para la ciudadanía, lo que sugiere una reingeniería administrativa en que el personal a cargo de cada legislador, por ejemplo, se redujera sensiblemente; pero también en el replanteamiento de los ingresos que los legisladores reciben más allá de sus dietas.
El presupuesto de egresos del 2025 asignó al Congreso del estado un presupuesto de 612 millones 800 mil pesos, esa cantidad proviene de recursos federales no etiquetados. El reto sería crecer en el número de legisladores sin que ello implicara un ajuste hacia mayor presupuesto, lo que significaría la reducción en por lo menos el 30% del gasto por diputado, algo que no tendría que ser un reto, especialmente si se asume el evidente exceso de gasto que algunos diputados han hecho en materia de personal y beneficios personales.
La posibilidad de que el Legislativo funcione mejor, por supuesto, no se finca únicamente en el número de diputados que tenga, sino también en los mecanismos de control de la actividad y de la responsabilidad de los legisladores, algo en lo que aún debe avanzar el Congreso de Morelos. Al fin, la reforma propuesta debe servir para mejorar el desempeño del Legislativo como representación popular y creador de leyes.
