Un delito que marcó el sexenio anterior comienza a ceder ante la acción coordinada y estratégica del nuevo gobierno
Durante años, el robo de vehículos fue uno de los delitos más comunes y menos contenidos en el estado de Morelos. Las estadísticas, las denuncias ciudadanas y la presencia constante de este ilícito, tanto en en la vida cotidiana como en las estadísticas de seguridad a nivel nacional, reflejaban una realidad que, bajo el gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo, fue permitida, normalizada y hasta cierto punto institucionalizada por la omisión y la falta de estrategia.
No obstante, los datos comienzan a contar otra historia.
De acuerdo con cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado, entre enero y mayo de 2025 se han registrado reducciones significativas en la incidencia del robo de vehículos, tanto con violencia como sin ella. Y la diferencia más drástica se ha observado en los primeros días de junio, en los que se han documentado apenas 23 robos con violencia y 30 sin violencia, frente a los 226 y 231 registrados, respectivamente, en el mismo mes del año anterior. Esta disminución —cercana al 90%— no es casual ni espontánea. Es producto de una nueva forma de entender y combatir la delincuencia.
El operativo denominado Técatl (Vigilante), desplegado desde mediados de abril, ha demostrado que la coordinación institucional sí es posible cuando hay voluntad y mando efectivo. La suma de fuerzas entre el Ejército, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Policía de Cuernavaca bajo una sola estrategia ha derivado en la detención de 22 personas vinculadas a al menos 144 robos, la recuperación de vehículos y la incautación de armas y drogas. El éxito de este operativo reside, más que en la cantidad de elementos o fuerza desplegada, en su capacidad de adaptarse, sorprender y actuar con inteligencia territorial.
No menos relevante ha sido el operativo Moto Segura, que ha servido tanto para inhibir delitos cometidos en motocicletas como para ordenar el caos administrativo y legal que existía en el registro y circulación de estos vehículos. En paralelo, el Ejecutivo impulsa medidas estructurales, como la regularización de las gestorías vehiculares y un plan de reemplacamiento que busca combatir las lagunas legales que permitían a los delincuentes operar con placas y permisos irregulares, especialmente del estado de Guerrero.
El robo de vehículos no es un delito menor. Afecta el patrimonio de los ciudadanos y empresas, y suele estar ligado a redes más amplias de crimen organizado. El hecho de que haya empezado a ceder terreno es, por tanto, un termómetro confiable de la eficacia de la nueva estrategia de seguridad. Que Cuernavaca y su zona conurbada —epicentro del problema durante años— comiencen a mostrar signos de recuperación debe ser un estímulo para continuar y fortalecer los operativos, pero también para asumir con seriedad los desafíos que persisten: la corrupción institucional, la debilidad judicial y la necesidad de una participación ciudadana más robusta.
La importancia de este cambio no puede medirse únicamente en cifras, aunque éstas sean contundentes. También debe leerse como un indicador de algo más profundo: un viraje en la lógica de gobierno. A diferencia del sexenio anterior, marcado por la desarticulación institucional y una evidente tolerancia al crecimiento del crimen organizado, la actual administración ha decidido asumir el reto de devolver al estado su capacidad de control territorial. No se trata de cantar victoria, ni mucho menos de considerar resuelto el problema, pero sí de reconocer que la diferencia entre la acción y la omisión es, en este caso, una vida más segura para miles de ciudadanos.
