Pese a la insistencia política en grandes proyectos emblemáticos que captan titulares y simpatías, la evidencia creciente sugiere la urgencia de que el gobierno mexicano reformule sus prioridades de inversión, desplazando recursos de “elefantes blancos” hacia infraestructuras funcionales con alto retorno social y económico que atiendan necesidades reales de la población. Proyectos como el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas han tenido un fuerte impacto en la fase de construcción, tanto en empleo temporal como en atención mediática, pero su operación ha mostrado dificultades para generar rendimientos sostenibles que justifiquen los enormes recursos públicos que se invirtieron. En contraste, la presión por mejorar servicios esenciales como salud, educación o conectividad exige redirigir parte del presupuesto hacia intervenciones que rindan beneficios tangibles y duraderos.
El Tren Maya, concebido como detonador de desarrollo regional en el sureste, presentó en su fase inicial un volumen relevante de empleo y obras de infraestructura: vías férreas, viaductos y remodelación de carreteras, sin embargo, los datos más recientes indican que transporta menos de una quinta parte de la meta de pasajeros trazada, lo que apunta a que difícilmente recuperará su inversión y, por el contrario, requiere de subsidios recurrentes. Cuando una obra demanda enormes partidas presupuestales y luego opera lejos de sus niveles proyectados, la interrogante debe ser: ¿cuántos recursos adicionales se destinarán para sostener su funcionamiento y hasta cuándo será viable esa dependencia? En lugar de perpetuar subsidios para infraestructura infrautilizada, convendría evaluar si ese capital se emplearía con mayor eficacia en proyectos de transporte masivo urbano o regional que respondan a demandas confirmadas, por ejemplo, corredores interurbanos con alta densidad de movilidad, o en mantenimiento de carreteras críticas para la competitividad y seguridad en zonas rurales y semiurbanas.
De modo similar, la refinería de Dos Bocas exhibe un riesgo de pérdidas operativas, aunque la narrativa oficial resalte la autosuficiencia energética, en la práctica se observa que dichas instalaciones operan con bajos niveles de utilización y requieren subsidios para sostenerse, desviando recursos que podrían emplearse en renovar hospitales, equipar clínicas rurales o en campañas de prevención sanitaria. De hecho, la larga historia de pérdidas en el sector refinación revela que, más allá del impulso político, la rentabilidad de tales inversiones es incierta o negativa, planteando la necesidad de replantear la estrategia energética en clave de diversificación y eficiencia antes que nuevos complejos con bajo retorno.
La inversión física total proyectada para 2025 asciende a alrededor de 836.6 mil millones de pesos, aproximadamente 2.3% del PIB, cifra que podría optimizarse enfocando parte de ese monto en infraestructura funcional: agua potable y saneamiento en zonas marginadas, electrificación rural con energías renovables, ampliación de redes de telecomunicaciones y banda ancha en comunidades sin conectividad, rehabilitación de hospitales y creación de unidades móviles de atención para poblaciones dispersas. Asimismo, resulta vital destinar más recursos a mejorar la calidad docente y equipamiento escolar, lo cual retroalimenta la productividad futura del país.
La reasignación de recursos implica modificar la lógica de planeación, en lugar de autorizar megaproyectos por razones políticas o simbólicas, el Estado debe exigir análisis costo-beneficio riguroso, con consultas a actores locales y evaluaciones imparciales antes de comprometer partidas millonarias. Todo proyecto cuya evidencia de demanda o impacto social sea débil debe reconsiderarse o diseñarse a escala adecuada. Además, los procesos de contratación deben privilegiar transparencia y competencia para evitar sobrecostos e ineficiencias que agravan la relación costo-beneficio. La cultura de rendición de cuentas, mediante evaluaciones periódicas de desempeño de las obras en operación, sirve para redirigir oportunamente inversiones mal encaminadas.
La prioridad debe estar en proyectos con elevado retorno social: redes de transporte público en ciudades medias y grandes para reducir congestión y contaminación, sistemas de atención primaria de salud universal con énfasis en prevención; digitalización del sector público para mejorar servicios ciudadanos y eficiencia administrativa; infraestructura de agua y saneamiento que evite enfermedades y reduzca costos sanitarios; inversión en investigación aplicada en universidades y centros tecnológicos con objetivos claros de transferencia al sector productivo; y fortalecimiento de la seguridad pública mediante equipamiento y capacitación profesional en lugar de obras visibles de poca contribución real.
Este viraje hacia inversiones estratégicas no descarta proyectos de infraestructura física, pero exige que cumplan con criterios de viabilidad económica y social: deben generar flujos de beneficios superiores a sus costos en plazos razonables o, en su defecto, tener justificaciones sólidas de equidad territorial o cohesión social que complementen su evaluación financiera. Al replantear prioridades, se reduce la brecha de infraestructura en zonas olvidadas y se impulsa el desarrollo equitativo. De este modo, los recursos se orientan a resolver carencias palpables en lugar de perpetuar obras que, tras el impulso inicial, demandan subsidios perpetuos y alimentan la insatisfacción ciudadana al no ofrecer servicios eficientes.
La sostenibilidad fiscal y el bienestar social requieren que el gobierno mexicano actual deje atrás la fascinación por grandes obras emblemáticas sin retorno claro y atienda con urgencia las prioridades que verdaderamente elevan la calidad de vida y la competitividad del país. La transformación de “elefantes blancos” en infraestructuras funcionales pasa por una planeación basada en evidencia, transparencia en las contrataciones, evaluaciones rigurosas y un enfoque de largo plazo que privilegie la salud, la educación, la conectividad y la innovación. Solo así se garantizará que cada peso invertido contribuya a un crecimiento inclusivo y sostenible, evitando la trampa de celebrar proyectos de construcción con impacto efímero mientras persisten carencias estructurales que limitan el potencial de México.
*Universidad Autónoma del Estado de México
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