Supongamos una escena simple del mundo criminal: un narcomenudista le vende a otro un kilo de cocaína por 50,000 dólares. El comprador paga puntual, pero al abrir el paquete se encuentra con que el “kilo” está incompleto pues apenas tiene 800 gramos. El acuerdo de compra/venta quedo roto porque al menos una de las partes no cumplió con lo prometido. Y como no hay contrato legal, jueces, ni Profeco del narco a quien acudir, la disputa se resuelve por el único medio disponible: la violencia. Eso es, en esencia, un ajuste de cuentas.
Este mismo principio aplica cuando los acuerdos rotos involucran no a dos criminales de barrio, sino a criminales con cargo público. Y es aquí donde entramos en terreno escabroso.
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador fue obvio que su gobierno no combatía al crimen organizado: se redujeron los operativos, se evitaban enfrentamientos, se liberó a Ovidio Guzmán y se acuñó la inolvidable estrategia de «abrazos, no balazos». Además, AMLO obstaculizó las operaciones de la DEA en México, llegando incluso a promover una reforma a la Ley de Seguridad Interior para limitar la presencia y el alcance de agentes extranjeros. Aunque AMLO lo negó hasta el último día de su gobierno, varios periodistas mexicanos y medios internacionales de mucho prestigio señalaron la existencia de pactos oscuros entre los políticos de la 4T y grupos del crimen organizado. Por ejemplo, Tim Golden expuso en ProPublica a principios de 2024 que «se habían canalizado millones de dólares provenientes de narcos a cambio de tolerancia estatal». El New York Times publicó un artículo firmado por Alan Feuer y Natalie Kitroeff en el que se afirma que agencias estadounidenses investigaron durante años posibles vínculos entre aliados de AMLO y el crimen organizado. Y por si hacía falta contexto, la valiente periodista Anabel Hernández documentó en un artículo para Deutsche Welle (un portal de noticias alemán) la existencia de pactos no declarados entre el gobierno de AMLO y el Cártel de Sinaloa. Porfirio Muñoz Ledo, el hombre que le entregó la banda presidencial a AMLO, lo dijo sin rodeos: «El presidente está entregando el país al narco. Y eso no lo va a poder heredar».
Y no lo heredó.
Claudia Sheinbaum asumió el poder y, para sorpresa de muchos, cambió el libreto. De pronto, se empezaron a desmantelar laboratorios de fentanilo y metanfetaminas (que AMLO juró hasta el cansancio que no existían), se arrestaron capos de medio y alto nivel, y se reanudaron extradiciones a Estados Unidos. La presión del gobierno norteamericano, que ya había perdido la paciencia con el «pacifismo selectivo» de AMLO, pareciera estar rindiendo frutos.
En efecto, las críticas al gobierno de la 4T no provenían sólo de periodistas y medios de comunicación. En febrero de 2025, altos funcionarios del gobierno estadounidense, incluidos representantes del Departamento de Estado y del Departamento de Justicia, sostuvieron reuniones con autoridades mexicanas en las que manifestaron su preocupación por la «inaceptable influencia del narco» dentro del gobierno de México. Así lo documentó Reuters, revelando que incluso se revocaron visas diplomáticas a funcionarios de alto nivel y se amenazó con represalias comerciales si no se tomaban acciones concretas. Fue una advertencia directa desde la Casa Blanca: o el nuevo gobierno rompía los pactos heredados, o habría consecuencias internacionales. La ruptura de los pactos entre el gobierno de la 4T y el crimen organizado no fue por voluntad propia, sino por presión externa.
Pero hay consecuencias. Porque en el mundo del crimen, romper un trato tiene precio. Y ese precio se paga con sangre.
Lo que vimos con el lamentable asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz el pasado 20 de mayo en la Ciudad de México no fue un simple atentado, ni un mensaje oscuro, ni una tragedia aislada. Fue un ajuste de cuenta, otro más de los tantos que ha habido desde que Claudia Sheinbaum asumió la presidencia, ya que desde entonces han sido asesinados muchos otros servidores públicos en distintas partes del país: alcaldes, jefes de policía, funcionarios locales. La lista crece semana a semana. Decir que estos ajustes de cuentas son casos aislados es una negación cínica de la evidencia.
El infame asesinato de Ximena y José, dos funcionarios cercanos a Clara Brugada, tiene el sello de un ajuste de cuentas por traición: no entre el crimen y la política como entidades separadas, sino entre criminales narcotraficantes y criminales con cargo público. La ejecución fue quirúrgica. Los asesinos sabían exactamente a quién matar, cómo, cuándo y dónde. No dejaron huellas, no improvisaron. No fue un asalto fallido, ni un crimen pasional, ni un error. Fue el tipo de violencia que sólo se desata cuando los acuerdos informales que sostenían un equilibrio frágil se rompen.
No es que el narco le esté «mandando mensajes» al nuevo gobierno, sino que el narco está cobrando facturas pendientes. Y esas facturas no se emiten en papel. Se escriben con plomo y se pagan con sangre.
*Instituto de Ciencias Físicas, UNAM / Centro de Ciencias de la Complejidad, UNAM.
