En las efemérides de la Máxima Casa de Estudios destaca, de manera primordial, la creación de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Se cumplen 40 años de aquel casi verano de 1985, cuando en Gaceta UNAM apareció publicado el Acuerdo del entonces Rector Jorge Carpizo, para dar a conocer la primera vía institucional a la que alumnos(as), profesores(as), investigadores(as) y todo el personal académico podían -y pueden- acudir para denunciar y presentar queja en contra de actos, acciones u omisiones excesivos, arbitrarios o desacertados, cometidos por autoridades universitarias (sean unipersonales o cuerpos colegiados), que les provocaba afectaciones en sus derechos universitarios.
Sin duda, esa semilla sembrada por un gran universitario encontró campo fértil para lo que fue el inicio de todo un movimiento institucional a favor de los derechos universitarios, tanto al interior de las universidades públicas (y luego las privadas), como en la administración pública del país -a nivel federal, estatal y municipal-. No hay que olvidar que el ejemplo de la UNAM fue el referente más inmediato de lo que en la década de los 90 del siglo pasado, fue la irrupción del sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos dentro del ordenamiento jurídico del país.
Como suele ocurrir, la aparición de nuevas instituciones siempre genera dudas, escepticismo, cuestionamientos e, incluso, rechazo. Lograr la aceptación y arraigo del inédito órgano universitario requería una doble condición: A) la estatura intelectual, académica, ética y personal de su titular y B) la actuación convincente y con resultados tangibles de su gestión. En el caso de la Defensoría de los Derechos Universitarios se cumplieron con creces ambas condiciones. Fue incuestionable la designación del Mtro. Jorge Barrera Graf como primer defensor universitario. Su calidad de jurista excepcional y su liderazgo fueron clave para la consolidación de la institución.
En cuanto a los logros y resultados de la Defensoría, debo decir, con orgullo, que me tocó formar parte de aquel equipo inicial. Recién egresado de la Facultad de Derecho de la propia UNAM, fue mi primera experiencia laboral y mi primer acercamiento al tema apasionante de los derechos humanos. Desde entonces, mi vida profesional ha estado vinculada con su protección y defensa.
Recuerdo la insistencia del Mtro. Barrera Graf por alcanzar tres objetivos: a) hacer un trabajo ágil y de calidad jurídica, para no dejar resquicios a una eventual impugnación, b) tener firmeza y objetividad de actuación, a fin de lograr convencimiento en quienes solicitaban la intervención del órgano y de las autoridades requeridas y, c) generar precedentes sólidos y relevantes que sirvan de guía en lo futuro. De esa manera -señalaba el Defensor-, se alcanzaría el reconocimiento universitario al trabajo realizado. En una palabra, había que hacer las cosas bien, de manera oportuna y de fondo. Así se hizo.
Puedo mencionar muchos aspectos de lo que fue el trabajo y las experiencias vividas. Sin embargo, sólo mencionaré dos datos: no prosperó ninguna de las impugnaciones formuladas a las resoluciones emitidas por la Defensoría: todas fueron confirmadas. Hubo autoridades que no entendieron el rol de la Defensoría; ante su reticencia y actitud desdeñosa se solicitó determinar su responsabilidad universitaria.
En cuatro décadas han cambiado las circunstancias y realidades en la universidad y en el país. Los derechos humanos se han ensanchado (hay surgido nuevos derechos) y, por tanto, las obligaciones de las autoridades también han incrementado. La propia institución ahora se denomina Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención a la Violencia de Género. Sin embargo, el común denominador sigue siendo el mismo: el respeto absoluto e irrestricto a la dignidad de las personas de la comunidad universitaria. Es el parámetro máximo que debe observarse en todo momento, en todos los espacios universitarios y entre todas y todos los universitarios.
Ya lo señaló el Rector Lomelí, el aniversario de la Defensoría “representa la continuidad de una tarea en perpetuo movimiento y la reafirmación de un compromiso: no retroceder, no callar ante la violencia, no normalizar el agravio y seguir construyendo una Universidad que sea espacio de libertad, dignidad y justicia”. ¡Enhorabuena a la Defensoría y a la UNAM!
* Investigador Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) / eguadarramal@gmail.com
