Ismael Eslava Pérez *
En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente que se conmemora el 5 de junio, se presenta una oportunidad para reflexionar en uno de los desafíos ecológicos más apremiantes que enfrentamos hoy en día. El acceso al agua es un problema que trasciende lo ambiental y la gestión de recursos; es una crisis predominante, crítica y persistente de justicia social y de derechos humanos. El agua es un recurso vital que representa una condición indispensable para la salud, la dignidad y la vida misma.
En 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 64/292, en la que afirmó que el acceso al agua potable y al saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos. Esta resolución establece una obligación jurídica y política para garantizar que toda persona, sin discriminación alguna, tenga agua suficiente, segura y asequible. Este reconocimiento del agua como derecho humano constituye un avance significativo en la protección de la dignidad humana a nivel internacional.
A partir de esta resolución, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU definió cinco elementos fundamentales que los Estados deben garantizar para cumplir efectivamente con este derecho: disponibilidad, calidad, accesibilidad, aceptabilidad y asequibilidad. Es decir, no basta con que exista agua en términos físicos, también debe ser potable, estar al alcance de todas las personas, responder a criterios culturales y ambientales, así como tener un costo que no comprometa el acceso a otros derechos básicos.
Sin embargo, en México millones de personas viven diariamente sin acceso regular, seguro y suficiente al agua potable. Esta realidad que afecta a comunidades rurales, pueblos indígenas y zonas urbanas marginadas, representa una violación sistemática a los derechos humanos. La escasez, la dosificación, la contaminación de fuentes hídricas, la falta de infraestructura adecuada y la gestión ineficiente de los sistemas de distribución, han convertido al agua en un bien desigual vinculado al privilegio de los factores económicos.
La crisis del agua en México es una realidad que se vive constantemente, y que se ha agravado de forma alarmante en los últimos años. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), en 2024 al menos el 70% del territorio nacional presentó algún nivel de sequía y los niveles de almacenamiento en presas estratégicas, como en el sistema Cutzamala, se registraron mínimos históricos.
Esta circunstancia impacta directamente en la vida cotidiana de millones de personas. En Chiapas, los habitantes de San Cristóbal de las Casas, por ejemplo, han protagonizado movilizaciones para exigir el acceso justo al agua, donde señalan que empresas privadas acaparan el recurso; en Chihuahua el conflicto por el reparto del agua del río Conchos con Estados Unidos ha desatado tensiones entre productores, autoridades y el ejército; en Yucatán, pueblos mayas han comenzado a exigir que los cenotes, fuente ancestral y espiritual de agua, sean jurídicamente reconocidos para frenar su explotación indiscriminada con motivo de megaproyectos turísticos e inmobiliarios. Incluso hay comunidades donde el agua llega por tandeo y otras en las que el único acceso depende de pipas privadas. En la zona metropolitana los cortes prolongados son origen de permanentes protestas vecinales, con lo que se evidencia una gestión hídrica ineficaz.
La falta de acceso al agua potable vulnera de manera directa e inmediata múltiples derechos humanos, tanto individuales como colectivos. El más evidente es el derecho a la salud, toda vez que el consumo de agua contaminada o la ausencia de agua para la higiene básica provoca enfermedades gastrointestinales, infecciones, deshidratación y condiciones sanitarias inadecuadas, especialmente en la niñez y en las personas mayores. También se ve afectado el derecho a la educación. En muchas escuelas públicas del país, particularmente en zonas rurales, la escasez de agua impide prácticas mínimas de higiene como lavarse las manos o limpiar sanitarios, lo que pone en riesgo la salud del alumnado y compromete su asistencia y permanencia escolar. Impensable ya que cuenten con agua bebible.
A su vez, la crisis hídrica perpetúa desigualdades estructurales ya que impacta con mayor fuerza a comunidades indígenas, mujeres —quienes suelen asumir la mayor carga del trabajo en los hogares, relacionado con el agua— y personas en situación de pobreza, lo que constituye una clara violación al principio de no discriminación. El derecho al agua está profundamente interrelacionado con otros derechos fundamentales como el saneamiento, la alimentación, la vivienda adecuada y un medio ambiente sano. Por ello, no se puede tratar como un bien de mercado ni como un servicio opcional; el agua es vida y como tal, debe ser protegida y garantizada como un derecho humano irrenunciable.
Las respuestas institucionales han resultado insuficientes ante la gravedad del problema, la ausencia de políticas públicas sostenibles, la omisión en la modernización del marco legal en materia de aguas, el manejo opaco de concesiones y la preferencia sistemática a los intereses empresariales, han derivado en un modelo de distribución de lógica del mercado, antes que dar prioridad a los principios de justicia social y respeto a los derechos humanos.
En este contexto, se debate sobre la necesidad de dotar de personalidad jurídica a los ríos, lagos y cenotes, con la posibilidad de existir, fluir, ser restaurados y protegidos, así como contar con representantes legales que hablen, actúen en su nombre y sean defendidos en tribunales; para lo anterior se pueden tomar experiencias internacionales como la del río Atrato en Colombia, el Ganges en la India, el Magpie en Canada, o el Whanganui en Nueva Zelanda. Esta iniciativa busca dotar al agua de herramientas legales que permitan reconocer su valor ecológico, social, cultural, espiritual y humano.
Frente a la creciente crisis hídrica, es urgente garantizar el acceso al agua con enfoque de derechos humanos, equidad y sostenibilidad. Solo así será posible construir una sociedad donde este recurso vital deje de ser un privilegio y se afirme plenamente como un derecho accesible y garantizado para todas y todos.
* Profesor universitario y especialista en derechos humanos
