Roberto Abe Camil*
La siguiente historia, es real y ocurrió durante la primera década del presente siglo en un afamado restaurant de Cuernavaca. Un viernes por la tarde noche, una pareja de edad madura llegó al sitio, iban bien vestidos con ropa casual y los custodiaba una discreta escolta que intentó pasar desapercibida. La pareja se acomodó en una terraza con vista al jardín, él ordenó un escocés en las rocas y ella una copa de chardonnay, el hombre, un destacado jurista, en aquel momento se desempeñaba como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El ministro y su señora disfrutaban sus copas cuando al lugar, llegó otra pareja de edad similar, resulta que el otro señor era un viejo amigo del ministro y que por diversas circunstancias tenían años sin verse. La sorpresa fue muy grata para todos, los hombres se dieron un efusivo abrazo y el ministro los invitó a compartir la mesa. Mientras las señoras se pusieron al día charlando animadamente, el ministro y su amigo conversaron sobre la política nacional y la plática derivó hacia el poder judicial, entonces el amigo le preguntó al jurista con confianza:” Oye, ¿los ministros de la Corte no se venden?” El abogado sorprendido, le respondió contundente: “¡cómo crees! Además del compromiso moral, tenemos sueldos altos y un sinfín de prestaciones” entonces el amigo reviró: “de acuerdo, los ministros están blindados ¡pero los proyectistas no!” A lo que el ministro visiblemente avergonzado, asintió con un movimiento con la cabeza.
Lo anterior viene a colación, en razón de que es del dominio público que la corrupción y nepotismo, el flagelo que asola al Estado Mexicano, no son novedad en el poder judicial, sin embargo, con la cuestionada elección del pasado 1 de junio, todo parece indicar que el remedio saldrá más caro que la enfermedad. En primer término, porque a pesar de la asombrosa baja participación de votantes que se tradujo en un 87% de abstencionismo, la jornada ha resultado ser una elección de Estado, el poder judicial, dejará de ser un obligado contrapeso y estará copado por los incondicionales al régimen. En segundo lugar, porque para ocupar los cargos en cuestión, se requiere de una trayectoria y pericia particular. Ser abogado, no es suficiente para ser funcionario judicial, el Derecho tiene muchas ramas y especializaciones, y ocupar un cargo por voto o sorteo sepulta el servicio de carrera y las habilidades técnicas necesarias en los funcionarios judiciales.
A la falta de experiencia al impartir justicia, se añade el riesgo de los conflictos de intereses o la falta de imparcialidad en que pueden incurrir los flamantes juzgadores. Al momento de enviar estas líneas a la redacción, se perfila como probable próximo Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el abogado mixteco Hugo Aguilar Ortiz. Hasta ahí todo va muy bien, nada más loable que ver a un mexicano progresar profesionalmente, hay que recordar que Juárez y Altamirano también fueron abogados. Sin embargo, aquí entraña el riesgo de que el conocido activismo político del Licenciado Aguilar Ortiz se imponga sobre la imparcialidad que debe ser prenda fundamental en un Presidente de la Corte. Particularmente, es conocida su militancia en el EZLN, organización que al día de hoy no ha logrado el bienestar de los pueblos indígenas de Chiapas, y si en cambio intentó con las armas en la mano, derrocar al Estado Mexicano, resultando en un baño de sangre entre conciudadanos.
Los morelenses, conocemos bien de la demagogia del neozapatismo, así como del exceso en que puede derivar el ampararse en los usos y costumbres que rigen a nuestras comunidades indígenas. El General Zapata, como bien es sabido, representa el faro de la identidad morelense, pero ello no ha evitado que surjan quienes, abusando del ideal agrario, busquen un beneficio económico, personal o político echando mano de la memoria del Caudillo del Sur. De igual suerte, como ya se mencionó, la figura de los usos y costumbres ha redundado en desafortunados casos, como la desmesura con la que actúan al margen de la ley, grupos como la cuestionada Ronda de Ocotepec, al norte de Cuernavaca.
En suma, de presidir el Licenciado Aguilar Ortiz la máxima tribuna judicial del país, qué equidad o garantías pueden, por ejemplo, esperar los militares sujetos a alguna controversia o aquellos que sean despojados de sus tierras, como los que lo son por facciones de comuneros en Huitzilac, o bien quien tenga alguna disputa con el que oportunamente se asuma previamente como “zapatista”. Muy loable es que cualquier jurista mexicano sin importar su condición u origen, tenga la posibilidad de presidir el Poder Judicial de la Federación, pero obligado lo es también, que quien esté a la cabeza de la Corte, garantice que la balanza de la Ley sea igual para todos.
*Escritor y cronista morelense.
Hugo Aguilar Ortiz, foto de redes sociales.