La movilidad en la ciudad
Alfonso Valenzuela Aguilera
La movilidad es un componente esencial en el funcionamiento de las ciudades. Su impacto se vuelve evidente en situaciones de contingencia: cuando se bloquean las avenidas, la vida cotidiana se paraliza.
Sin embargo, su relevancia va mucho más allá de la eficiencia del tránsito. La movilidad es también un factor clave para la integración social y territorial, ya que permite conectar a la población con fuentes de empleo, servicios y espacios públicos. Además, en contextos de crecimiento urbano acelerado, como ocurre en muchas ciudades de México, garantizar la movilidad se vuelve una cuestión de justicia social.
La expansión de las ciudades ha generado una creciente separación entre las zonas habitacionales y los centros de actividad económica y social. Esta desconexión acentúa la desigualdad, ya que quienes viven en las periferias enfrentan mayores dificultades para acceder a las oportunidades urbanas. En este escenario, la movilidad debe ser entendida no solo como un servicio, sino como un medio para ejercer otros derechos: al trabajo, a la educación, a la salud y a la vida digna.
Un aspecto crítico es el tiempo que las personas dedican diariamente a los traslados. Este tiempo se suma a la jornada laboral y reduce el que puede dedicarse a la familia o al descanso. Contrario a lo que podría pensarse, adquirir un automóvil no resuelve el problema, especialmente cuando la infraestructura vial es insuficiente y está saturada. De hecho, el uso excesivo del automóvil contribuye a problemas mayores, como la congestión, la contaminación y la fragmentación del espacio urbano.
En este contexto, los sistemas de transporte público deberían ser la columna vertebral de la movilidad urbana. Sin embargo, en muchas ciudades del país, estos sistemas presentan graves deficiencias. No están unificados, lo que obliga a las personas a pagar múltiples pasajes en un mismo trayecto, incrementando los costos individuales. En contraste, los sistemas metropolitanos integrados —con rutas troncales, alimentadoras y un esquema tarifario único— ofrecen un modelo más justo y eficiente.
El caso de Morelos ilustra con claridad estos problemas. Su sistema de transporte público es desorganizado, fragmentado y operado en su mayoría por particulares mediante concesiones. Las rutas son obsoletas, con escasa conectividad entre sí: mientras las zonas centrales están saturadas, las áreas periféricas están desatendidas. Esta distribución desigual no solo evidencia una falta de planeación, sino también una ausencia de visión metropolitana y de voluntad política para garantizar el derecho a la movilidad en condiciones de equidad.
Además, la cultura de movilidad sigue privilegiando el uso del automóvil privado. Esto profundiza la desigualdad, favoreciendo a quienes pueden adquirir un vehículo mientras se penaliza a quienes dependen del transporte público. Esta lógica fomenta una urbanización dispersa, difícil de atender con sistemas colectivos, y reduce el espacio público, impactando negativamente en la calidad de vida urbana.
Otro problema estructural es la desconexión entre el uso del suelo y la infraestructura de transporte. Muchas zonas habitacionales han sido construidas sin considerar rutas adecuadas ni servicios de transporte eficientes. Esto obliga a los residentes a realizar múltiples transbordos o recorrer largas distancias a pie, elevando los costos individuales y limitando el acceso a derechos básicos como la educación, la salud o el empleo formal.
Ante este panorama, es urgente repensar la movilidad desde un enfoque integral, que promueva la inclusión, la sostenibilidad y la eficiencia. Esto implica fortalecer el transporte público como eje articulador del territorio morelense, impulsar modos activos como la caminata y la bicicleta, e implementar esquemas tarifarios justos que no penalicen la fragmentación del sistema y que conecten a los nuevos desarrollos habitacionales.
La movilidad no puede seguir entendiéndose únicamente como una cuestión técnica o de infraestructura. Es, en esencia, una política que configura el territorio afecta la cohesión social y condiciona la calidad de vida de sus habitantes. El reto, por tanto, es profundamente político: garantizar que todas las personas, sin importar su origen o condición económica, puedan desplazarse con dignidad, seguridad y eficiencia como una condición esencial de la calidad de vida.
Transporte púbico de Morelos, Imagen cortesía de autor.