Maximino Aldana González*
El gobierno federal ha puesto sobre la mesa una reforma judicial que, según sus promotores, busca mejorar el sistema de justicia en México otorgando a los ciudadanos el poder de elegir democráticamente jueces y ministros. Los que promueven esta reforma argumentan que su noble objetivo es terminar con la corrupción en el Poder Judicial y, sin mostrar ninguna prueba, acusan a jueces de ser corruptos por liberar delincuentes. Dejando de lado el hecho de que sí existen pruebas contundentes de que muchos de los candidatos que participan en esta elección tienen claros vínculos con grupos de la delincuencia organizada (¡faltaba más!), en el actual debate nacional sobre la reforma judicial se ha hecho evidente una omisión tan grave como reveladora: la propuesta se enfoca únicamente en modificar el funcionamiento del Poder Judicial culpando de todos los males del país a los jueces, pero ignora completamente los otros tres pilares fundamentales del sistema de justicia penal mexicano: las corporaciones policiacas, el Ministerio Público y el sistema penitenciario.
En efecto, el sistema de justicia penal mexicano se conforma de cuatro elementos importantísimos e interdependientes:
- Policías y fuerzas del orden: Son la primera línea de contacto con el delito. Se encargan de prevenir crímenes y detener a presuntos responsables. Su desempeño está ligado a la formación profesional, a los protocolos de uso de la fuerza, y al respeto a los derechos humanos.
- Ministerios Públicos: Representan al Estado en la investigación y persecución del delito. Son responsables de integrar las carpetas de investigación, presentar cargos y sustentar los casos ante el Poder Judicial. Su debilidad estructural y crónica falta de capacidades técnicas y humanas ha sido señalada por múltiples diagnósticos institucionales.
- Poder Judicial: A través de jueces y tribunales, imparte justicia, resuelve sobre la culpabilidad o inocencia, y dicta sentencias. Es el componente que actualmente está en el centro de la discusión pública, particularmente por la propuesta de elección popular de jueces, una medida que pone en riesgo la independencia judicial.
- Sistema penitenciario: Encargado de la ejecución de sentencias y de la reinserción social. Es, con frecuencia, el eslabón más olvidado, pese a las crisis de sobrepoblación, corrupción, autogobierno carcelario y violaciones sistemáticas a los derechos humanos que lo caracterizan.
De estos cuatro pilares, el primero, el segundo y el cuarto pertenecen (o están controlados por) el Poder Ejecutivo, mientras que sólo el Poder Judicial es independiente. Una verdadera reforma del sistema de justicia penal no puede enfocarse exclusivamente en una de sus partes. Todas las instituciones están encadenadas: si falla una, el sistema entero colapsa. ¿De qué sirve elegir jueces por voto popular si los policías siguen fabricando culpables o no tienen capacitación para lidiar con delincuentes de alto impacto? ¿De qué sirve renovar al Poder Judicial si los Ministerios Públicos son incapaces de integrar carpetas de investigación sólidas? ¿Y de qué sirve dictar sentencias ejemplares si los centros penitenciarios siguen siendo escuelas del crimen?
Es cierto que algunos jueces se han visto en la necesidad de dejar en libertad a presuntos criminales, pero esto no necesariamente se debe a que los jueces sean corruptos, sino a que durante la detención y puesta a disposición del presunto delincuente no se siguió algo muy importante que se conoce como “el debido proceso”. El debido proceso consiste en el conjunto de garantías legales y constitucionales que deben respetarse desde el momento en que una persona es detenida o investigada, hasta que se dicta una resolución final, ya sea condenatoria o absolutoria. El objetivo del debido proceso es asegurar que nadie sea privado de su libertad, bienes o derechos sin un juicio justo, y proteger a cualquier persona contra abusos de autoridad, errores judiciales o procesos arbitrarios. Es un hecho que la mayor parte de las violaciones al debido proceso ocurren en las corporaciones policiales y en los Ministerios Públicos (dependientes del Poder Ejecutivo), ya sea por falta de capacitación, por falta de recursos técnicos y humanos, o por corrupción.
Si de verdad se quiere transformar el sistema de justicia en México, la reforma debe ser integral e incluir la depuración y profesionalización de las policías, la autonomía técnica de los ministerios públicos, garantías reales para la independencia judicial, y una reconversión profunda del sistema penitenciario. Reformar solo una parte de este sistema es como tratar de arreglar un coche descompuesto cambiándole un foco mientras que el resto del vehículo sigue sin funcionar.
Por eso preocupa tanto el rumbo de la reforma actual. Porque no parte de un diagnóstico completo, sino de una lógica política: controlar a los jueces desde el Poder Ejecutivo, debilitando su independencia bajo el pretexto de hacerlos “más democráticos”. No queremos que los jueces sean democráticos, sino que hagan cumplir la ley (incluyendo el debido proceso). Más preocupante aún es que todo esto lo saben (o deberían saber) los actuales promotores y defensores de la reforma judicial. Pero como ya es costumbre con los políticos de la 4T, siguen mintiéndonos cínicamente a la cara promoviendo una reforma con argumentos que no resisten el más mínimo análisis técnico.
*Instituto de Ciencias Físicas, UNAM. / Centro de Ciencias de la Complejidad, UNAM.
