Quienes llegar de otras entidades a trabajar temporalmente en oficinas públicas de Morelos coinciden en algo, los políticos en Morelos se hablan fuerte y se llevan pesado, pero quienes llevan más tiempo en esta tierra pueden añadir que esas manifestaciones verbales operan en un contexto de grave violencia que ha cobrado la vida de casi 70 políticos, familiares, militantes partidistas y fuerzas de seguridad fuera de combates desde el 2018. Una cifra a la que se suman a alrededor de 20 asesinatos de dirigentes sociales en cuyas investigaciones se identificaron móviles políticos.
¿Qué es la violencia política y por qué es importante erradicarla?
El Instituto Nacional Electoral define la violencia política como “cualquier conducta que busque limitar o negar el ejercicio de los derechos políticos y electorales de una persona. Esta violencia puede manifestarse de diversas formas, incluyendo física, psicológica, simbólica, económica o sexual, y no necesariamente está relacionada con el género de la persona afectada”.
Y aunque todas formas de impedir el ejercicio de los derechos son graves, puede haber algunas que se consideran menos peligrosas como la difamación, el descrédito, la discriminación, la negativa de acceso a recursos o impedir a alguien registrarse como candidato o votar; sobre todo frente a las otras formas que se han identificado como una práctica tristemente común en Morelos, amenazas, extorsiones, ataques armados, atentados, secuestros y asesinatos.
La violencia política es grave no solo porque afecta a sus víctimas directas, sus familiares y sus equipos de trabajo, también afecta el derecho de la sociedad a tener una oferta política más amplia y tiene, además, otros impactos.
La empresa de consultoría, Integralia, anota en su reporte más reciente sobre violencia política que esta tiene efectos políticos: “gobiernos sometidos por el crimen organizado; políticas, programas y acciones de gobierno alineados con intereses criminales; e incumplimiento de funciones públicas básicas e impunidad”.
También produce daño económico al permitir la “explotación de la economía local por grupos criminales que establecen precios para productos y servicios básicos, y que en ocasiones deciden incluso quiénes pueden producirlos y comercializarlos”, por ejemplo, los casos de extorsión a negocios y comercios en la región oriente de Morelos.
También se asocia a un “menor desarrollo y generación de empleos, así como mayor concentración de la riqueza… agrava el riesgo que comunidades se vuelvan económicamente dependientes del crimen organizado… (y) menos incentivos para abrir y operar micro, pequeñas y medianas empresas, sobre todo ante esquemas de extorsión”.
Y en términos sociales se presenta el “incremento en violaciones a derechos humanos: desapariciones forzadas, desplazamiento de comunidades, entre otros; censura de los medios de comunicación y debilitamiento de las organizaciones de la sociedad civil”.
La violencia más allá de los procesos electorales
El conteo de la organización Data Cívica sobre la violencia política en México incluye seis tipos de crímenes: amenaza, asesinato, secuestro, atentado, ataque armado y desaparición; con seis categorías de víctimas, candidatos (que incluye precandidatos y excandidatos), funcionarios, autoridades de elección popular, familiares (de políticos), integrantes de partido y fuerzas de seguridad fuera de combate.
En el 2018 en Morelos hubo tres ataques armados contra domicilios o propiedades de candidatos, una denuncia por amenazas. Además, se registró el asesinato de dos autoridades de elección popular, y el ataque armado a otro; también fue asesinado un integrante de partido político y otro sufrió un ataque armado. La suma fue de nueve víctimas.
En el 2019, fue asesinado un candidato, otro fue víctima de secuestro; una autoridad de elección popular fue víctima de un ataque armado; fue asesinada una persona familiar de políticos; y también se reportó el homicidio de una policía fuera de combate. El total de ese año fueron 5 víctimas.
El año siguiente, 2020, hubo seis víctimas de violencia política en Morelos, cinco de ellas perdieron la vida, entre ellas, dos familiares de políticos, una autoridad de elección popular, un funcionario público, y un excandidato.
El número de víctimas aumentó a 12 en el 2021, también año electoral en que cuatro candidatos fueron víctimas de amenazas, tres de ataques armados, uno de atentado, y uno de asesinato; también fueron víctimas de homicidio un funcionario público y un familiar de políticos. Otro funcionario público también sufrió un ataque armado.
Para el 2022, el número de víctimas aumentó a 28 y también aumentó la importancia política de ellas, esta vez incluyendo los homicidios del alcalde del municipio indígena de Xoxocotla, Benjamín López Palacios, y de la diputada, Gabriela Marín Sánchez. En total, el 2022, sumó 14 víctimas de asesinato, tres excandidatos, cinco funcionarios, cuatro autoridades de elección popular, y dos policías fuera de combate; 6 autoridades de elección popular reportaron amenazas, dos atentados y dos ataques armados; un excandidato y dos policías fueron secuestrados, y otro policía fue víctima de ataque armado.
En el 2023, Morelos sumó otras 23 víctimas de crímenes políticos, de los que 16 fueron asesinatos: diez de funcionarios, cuatro de autoridades de elección popular y dos de familiares de políticos. Un funcionario y una autoridad de elección fueron víctimas de secuestros; un policía dos autoridades de elección y un funcionario sufrieron atentados y hubo un ataque armado contra un militante de partido político.
El 2024, también marcado por elecciones, fue el año más violento para la sociedad y la clase política en Morelos, al registrar 37 víctimas. 6 candidatos denunciaron amenazas, tres precandidatos y candidatos fueron asesinados y tres sufrieron atentados. Fueron asesinados siete funcionarios públicos, tres padecieron ataques armados y uno un atentado contra su vida. Una autoridad de elección popular fue asesinada, una secuestrada y una más sufrió un atentado. Dos familiares de políticos fueron asesinados; también fue víctima de homicidio un integrante de partido y otro denunció amenazas; cuatro policías fuera de combate fueron asesinados, dos vivieron ataques armados y uno denunció amenazas.
Y en los primeros meses del 2025, el estado ya concentra dieciséis víctimas de violencia política. De ellas, cinco candidatos fueron asesinados en un solo ataque en Huitzilac, mientras participaban en un acto proselitista por la presidencia de bienes comunales en el pueblo; dos funcionarios públicos también fueron asesinados, uno de ellos también en Huitzilac en un caso que se sospecha relacionado con el ataque anterior; y fue asesinado un policía fuera de combate. Tres funcionarios reportaron amenazas, todos ellos magistrados del Poder Judicial que están enfrentados con el actual presidente del Tribunal Superior de Justicia; otros dos funcionarios sufrieron atentados. También fueron víctimas de atentados contra su vida tres autoridades de elección popular.
En la suma desde el 1 de enero de 2024, en Morelos se han registrado 136 víctimas de violencia política; de ellas 69 fueron asesinadas, lo que ubica al homicidio político como la principal forma de violencia política criminal en el estado, con el 50.7% de los casos; seguido de las amenazas con el 17.6%; los ataques armados; 14%; y los atentados, 12.5%.
En Morelos, casi el 6% de las víctimas de violencia política del país
Morelos es uno de los estados más pequeños en territorio y en población del país. Con alrededor de dos millones de habitantes, en Morelos vive el 1.6% de los mexicanos. Pero desde 2018 concentra el 6.5% de las víctimas de violencia política en el país.
La mayor concentración de los crímenes políticos ha ocurrido en el municipio de Cuautla, con 22, contra 19 de Cuernavaca (que tiene casi el doble de población). Les siguen Huitzilac y Xochitepec, con 9 cada uno. Con ocho se ubican Puente de Ixtla y Temixco. En Jiutepec se han registrado siete y en Emiliano Zapata cinco. En total, de los 26 municipios del estado, sólo 8 no han registrado crímenes asociados con la violencia política en el periodo: Miacatlán, Tlaltizapán, Jonacatepec, Jantetelco, Temoac, Zacualpan de Amilpas, Tetela del Volcán y Totolapan.
Las relaciones político-criminales, un factor adicional de riesgo
La situación de violencia política se complica en el estado si se considera la frecuencia con que funcionarios públicos locales han sido vinculados con actividades y grupos criminales. Desde el 2017 se reportaba que casi la mitad de los ayuntamientos de Morelos tenían funcionarios vinculados con células delictivas en el estado.
Actualmente, la Fiscalía General de la República ha reconocido investigaciones sobre por lo menos ocho alcaldes morelenses que podrían estar relacionados con asociaciones delictivas.
En cuatro de los casos más difundidos de violencia política ocurridos en este año, el multihomicidio de candidatos en Huitzilac y el asesinato del secretario municipal de esa demarcación; el ataque contra propiedades de la alcaldesa de Ayala, Nayeli Mares Mérida; y las amenazas y extorsión al alcalde de Tlayacapan, las líneas de investigación apuntan a que la acción y presencia de esos candidatos y esas autoridades habrían incomodado a grupos criminales.
De la abundancia de escoltas al enfoque integral de protección a los políticos
El enfoque de seguridad para los políticos ha variado profundamente en los últimos meses, en parte porque no hay elementos suficientes para atender a los políticos que se perciben a sí mismos en riesgo, y otra parte en reconocimiento de que la presencia de escoltas, por muy abundante que pudiera ser, ha mostrado ser poco eficiente para la protección de las víctimas de violencia política.
Desde la llegada al cargo de la gobernadora, Margarita González Saravia y del nuevo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia Lozano, el gobierno estatal ha modificado su estrategia de protección empezando por el retiro de los escoltas del funcionariado público, y buscando un enfoque integral del problema.
Las medidas inician en la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad en donde se evalúan los riesgos en cada región y se fortalece la coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, y se diseñan operativos interinstitucionales para proteger la vida e integridad de la población, incluyendo políticos y líderes sociales.
Se mantiene una política de acercamiento y diálogo constante con presidentes municipales y actores políticos locales para mejorar la coordinación y respuesta en materia de seguridad.
También se promueve la cultura preventiva para proteger vidas y reducir riesgos, alineada con la estrategia nacional, mediante simulacros y ejercicios de prevención que fortalecen protocolos de respuesta ante emergencias; y se fortalecen los liderazgos políticos, especialmente de las mujeres para dotar a los cuadros de una mejor perspectiva y herramientas para su seguridad.
Se implementó el Programa Estatal para la Igualdad y no Discriminación, con campañas de difusión y mecanismos para denunciar actos discriminatorios, buscando un ambiente de respeto e inclusión que favorezca la protección social y política.
También el gobierno estatal impulsa los mecanismos de participación ciudadana contemplados en la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Morelos, como la revocación de mandato, rendición de cuentas, audiencias públicas y consejos ciudadanos, que buscan mayor transparencia, supervisión y control democrático, contribuyendo a la protección indirecta de líderes sociales y políticos.
La nueva estrategia apenas inició y se presenta en un escenario atípico. Los asesinatos políticos de seis personas en Huitzilac son un fenómeno que jamás había ocurrido en el estado, y que obedece justamente a reacciones frente a la búsqueda por restablecer el orden en un territorio dominado por bandas criminales que han reaccionado con violencia frente a los defensores de la tierra y el medio ambiente.
El encono que se generó en la clase política local desde la segunda parte de la administración de Graco Ramírez, y que el exgobernador, Cuauhtémoc Blanco y su equipo contribuyeron mucho a profundizar, parece desvanecerse paulatinamente con una política de reconciliación en los ayuntamientos, el Congreso local y el Ejecutivo estatal, lo que no solo mejora la colaboración institucional, sino también disminuye el riesgo de violencia política.
Aún así, parecen necesarias tres condiciones para reducir la prevalencia de la violencia política en el estado: terminar con la impunidad resolviendo cada uno de los casos y sancionando a sus autores materiales e intelectuales; concluir las investigaciones sobre alcaldes pero también sobre funcionarios municipales y estatales vinculados con grupos criminales e imponerles sanciones ejemplares a quienes han traicionado la confianza ciudadana; y mejorar las prácticas de la clase política y la inclusión social en esas tareas para evitar la tentación de ceder ante los grupos delictivos y los político-criminales.
