Josemanuel Luna Nemecio[1]
En el debate contemporáneo sobre la transición energética, resulta imprescindible confrontar las promesas que la acompañan con sus múltiples contradicciones estructurales. Mientras gobiernos, corporaciones tecnológicas y organismos multilaterales celebran con premura la migración hacia fuentes renovables, una mirada crítica desde la periferia global revela que esta “transición” no solo reconfigura las formas de dominación, sino que también reproduce viejas asimetrías bajo un nuevo ropaje verde. Para países con una alta dependencia petrolera como México, los costos de esta mutación no son menores.
Desde la dimensión económica, el proceso implica enormes sacrificios fiscales y de planeación estratégica. La reconversión de infraestructura, la importación masiva de tecnologías limpias —mayoritariamente desarrolladas en el norte global— y el redireccionamiento de subsidios públicos hacia modelos energéticos ajenos a las capacidades nacionales, colocan a países como México en una posición frágil. Basta señalar que, en 2023, el petróleo representó cerca del 17% de los ingresos públicos. Su desmantelamiento abrupto puede traducirse en desempleo estructural, reducción de ingresos estatales y profundización de la dependencia financiera y tecnológica.
Pero más preocupante aún es la pérdida de soberanía energética. Al adoptar tecnologías cuya propiedad intelectual está concentrada en conglomerados de Estados Unidos, Europa y China —desde paneles solares hasta baterías de litio y aerogeneradores— se impone un modelo de subordinación que en nada cuestiona el orden global dominante. Bajo el disfraz de la sostenibilidad, se legitima un imperialismo ecológico, donde la dependencia ya no se cifra en barriles de petróleo, sino en toneladas de litio y patentes sobre energías limpias.
La narrativa dominante de la transición energética opera como una pseudo crítica a la industria del petróleo. Si bien cuestiona el uso de combustibles fósiles para la generación eléctrica, omite señalar que el grueso del petróleo se utiliza en la síntesis de más de 30 millones de sustancias presentes en la producción de plásticos, fertilizantes, medicamentos, textiles, entre otros. No se reconoce que la fábrica global capitalista —y el metabolismo urbano de las megaciudades— sigue necesitando la potencia energética sin equivalentes del crudo.
A esto se suman los costos ecológicos y sociales invisibilizados. La minería de litio, cobalto y tierras raras —insumos clave de la nueva economía “verde”— ha generado múltiples conflictos socioambientales en América Latina, África y Asia. Por lo que, en lugar de cerrar la era del extractivismo, la transición energética podría estar inaugurando una nueva fase de devastación “ambientalmente aceptada”.
El reciente apagón energético que afectó a España, Francia y Portugal, provocado por la saturación de la red interconectada europea y la dependencia creciente de fuentes intermitentes como la solar y la eólica, ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de un modelo que prioriza la imagen de lo “limpio” por encima de la estabilidad del sistema. Esta crisis ha reabierto un debate necesario: ¿qué significa seguridad energética en un contexto donde la seguridad ambiental ha sido desplazada por el espectáculo tecnológico?
Frente a este escenario, urge una agenda ecológica radical que no reduzca la transición a un recambio de tecnologías, sino que la piense como un viraje civilizatorio. Esto implica cuestionar los patrones de producción, desmercantilizar la energía, reorganizar los sistemas productivos y recuperar el control colectivo sobre los bienes comunes. En este sentido, la experiencia del capitalismo chino—con su apuesta por el desarrollo autónomo de energías renovables y la exploración exitosa de reactores nucleares de torio desde 2021— muestra que una transición planificada y soberana es posible, aunque no exenta de tensiones y contradicciones internas del propio sistema.
Con lo dicho, la transición energética no puede concebirse como un fin en sí mismo, sino como una herramienta para repensar radicalmente la relación entre sociedad, naturaleza y poder. Si no se construye desde abajo, con criterios de justicia socioambiental, autonomía territorial y democracia energética, correrá el riesgo de convertirse en un nuevo mecanismo de acumulación. En última instancia, lo que está en disputa no es solo el tipo de energía que se utilizará, sino el tipo de sociedad que aspiramos a construir en el siglo XXI.
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