Entre reformas ya aprobadas y otras que seguramente serán resueltas por unanimidad en el Congreso de Morelos en los próximos días, la idea de inhibir el daño ambiental intencionado por la vía de penas más severas contra quienes dolosamente provocan incendios y otras formas de deterioro a los ecosistemas locales parece consolidarse.
La propuesta de la bancada de Morena en la LVI Legislatura para castigar con hasta 16 años de cárcel a quienes provoquen incendios forestales con fines de lucro obedece, en parte, a una petición hecha por la gobernadora Margarita González Saravia hace algunas semanas. Cuando en medio del que quizá haya sido el peor incendio forestal registrado por Tepoztlán en mucho tiempo, llamó justamente a endurecer las sanciones contra los autores de fuegos en los bosques de Morelos.
En la propuesta de reforma iniciada por el diputado Sergio Omar Livera Chavarría se busca agravar las penas para quienes provoquen incendios forestales con fines de lucro debido al evidente incremento en el daño ambiental que provocan los fuegos y del que La Jornada Morelos dio cuenta en ediciones dominicales anteriores.
Pero también se ha identificado que algunos incendios son intencionales y motivados por el lucro económico, como la venta de tierras para desarrollos inmobiliarios. Lo que transforma la naturaleza del delito, haciéndolo más grave y perjudicial para la comunidad, pues busca impedir la remediación del daño ambiental que provoca el fuego, imposible si se construye en esas tierras.
La legislación actual tiene penas demasiado suaves, solo dos años de cárcel, que han probado ser insuficientes para disuadir a los responsables. Así que se plantea que las penas se eleven a un mínimo de 6 años, pudiendo llegar hasta 16, para proporcionar herramientas a las autoridades para imponer castigos ejemplares y contribuir a la prevención de estos delitos en el futuro.
La reforma al código no opera en solitario, además prevé sanciones económicas más severas que incluirían la remediación del daño provocado por el fuego en los bosques, una afectación que requeriría estudios casuísticos para ser cuantificada, pero que encuentra un paralelo en otra reforma recién publicada en materia de ordenamiento ecológico para Morelos, la de Residuos Sólidos y Economía Circular que también obliga a los contaminadores de suelos y aire a remediar el daño ambiental que provocan sus actividades y, más importante, introduce el concepto de restauración como la práctica de dejar el sitio como estaba antes de la acción contaminante.
Si bien en el caso de los bosques incendiados la restauración es un proceso que opera en tiempos diferentes (los suelos deben repararse y les lleva entre uno y cinco años lograrlo), puede establecerse un paralelismo que obligara a los depredadores forestales no solo a pasar parte de su vida en prisión pues sus crímenes buscan dañar también a generaciones futuras, sino también a invertir parte de su capital en la restauración de las zonas dañadas.
Si bien el problema de los incendios forestales sigue siendo sumamente grave para Morelos y el resto del país, en el plano local, saber que se contará en breve con herramientas legales para sancionar de forma más severa a los depredadores ambientales ofrece la esperanza de que hasta el 70 por ciento de los fuegos (los provocados por dolo) podrían no originarse en los próximos años. Faltará, por supuesto, que fiscalías y jueces hagan lo que les corresponde para sancionarlo, instrumentos no les faltarán.
