Política ambiental y disputa por el territorio: entre la planificación oficial y las autonomías locales en Morelos
Fleur Gouttefanjat[1]
Josemanuel Luna-Nemecio[2]
En Morelos se agudiza la tensión entre las políticas públicas de ordenamiento ecológico territorial y las iniciativas de defensa comunitaria del territorio. A nombre del desarrollo sustentable, el gobierno estatal impulsa instrumentos como el Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del Estado de Morelos. Sin embargo, esta planeación suele construirse desde una lógica tecnocrática, sin consulta vinculante, marginando los saberes territoriales, los derechos históricos de pueblos indígenas y las formas locales de gestión ambiental.
Un caso reciente es el de Huitzilac, donde las restricciones al uso de suelo impuestas en nombre de la conservación provocaron conflictos con pobladores que reclaman el derecho a decidir sobre su territorio. Denuncian que sus prácticas tradicionales han sido criminalizadas mientras avanzan proyectos turísticos, inmobiliarios y carreteros. Este patrón se repite en Tepoztlán, Miacatlán y Coatetelco, donde la defensa del agua y el monte se enfrenta a decretos unilaterales y políticas de “protección ambiental” ajenas a las necesidades locales.
Frente a este panorama, comunidades, ejidos y organizaciones civiles impulsan procesos de ordenamiento autónomo. En los Altos de Morelos, pueblos nahuas y organizaciones académicas desarrollaron planes de manejo hídrico comunitario, cartografías participativas y normas locales para la defensa del agua. La disputa por el territorio en Morelos no es meramente técnica: es política, cultural y civilizatoria. Mientras las políticas oficiales insisten en planificar desde arriba, los pueblos demandan procesos horizontales, multiculturales y legalmente reconocidos. Lo que está en juego no es sólo el uso del suelo, sino la posibilidad de decidir cómo vivir el territorio.
Esta situación no es exclusiva de Morelos: en todo el país, los instrumentos oficiales de planificación ambiental están desconectados de las realidades locales. En lugar de generar consensos, se profundizan conflictos y debilitan las capacidades comunitarias para cuidar sus territorios. El desafío es construir un nuevo paradigma de ordenamiento ecológico donde el protagonismo lo tengan quienes habitan, conocen y defienden cada territorio.
Es imprescindible que las instituciones públicas comprendan que la sostenibilidad no puede imponerse desde despachos o consultoras, sino que debe construirse en diálogo con los actores territoriales. En lugar de políticas verdes impulsadas desde arriba, se requieren políticas vivas, ancladas en el conocimiento profundo de cada ecosistema y en la historia social que le da sentido al territorio.
Las universidades públicas, los centros de investigación y las instituciones de formación ambiental tienen un papel clave en este proceso en tant aliados estratégicos de las comunidades en la construcción de diagnósticos compartidos, estrategias de defensa territorial y alternativas productivas sustentables. La defensa del territorio en Morelos es también la defensa del futuro común.
Justicia ambiental y territorio:
por un ordenamiento que escuche a las comunidades
Joana Galindo Márquez[1]
Hoy en día se habla mucho del cuidado del medio ambiente y del ordenamiento del territorio para proteger la naturaleza. Suena bien, pero pocas veces se piensa en cómo estas decisiones afectan directamente a quienes viven en esos lugares, sobre todo a comunidades rurales e indígenas. Desde oficinas gubernamentales se hacen mapas y se dictan normas sobre cómo debe usarse la tierra, pero rara vez se consulta a quienes la han habitado y trabajado por generaciones.
En nombre del “desarrollo sostenible”, se les restringe sembrar, construir o aprovechar sus propios recursos, y muchas veces incluso son desplazados para dar paso a grandes proyectos turísticos, inmobiliarios o de energía. Así, lo que debería ser una política de inclusión ambiental, termina excluyendo a los más vulnerables.
El sociólogo François Dubet lo explica bien: no puede haber justicia si tratamos igual a quienes viven en condiciones tan diferentes. Las reglas uniformes, aplicadas sin considerar las desigualdades sociales y económicas, no corrigen nada, solo profundizan las brechas. Además, el acceso a servicios ambientales como agua, bosques o suelo fértil también es desigual. Si queremos un ordenamiento ecológico justo, debe incluir a las comunidades, respetar sus derechos y garantizar su participación en las decisiones sobre su propio territorio.
-
Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos ↑
La política ambiental y el ordenamiento ecológico territorial: sanar territorios y cuerpos
Josemanuel Luna-Nemecio[1]
Morelos enfrenta daños ambientales y sociales provocados por una planificación territorial improvisada. El ordenamiento ecológico territorial (OET) puede ser clave para sanar los territorios y los cuerpos de las comunidades, al vincular la salud del entorno con el bienestar humano.
Un ejemplo claro está en zonas rurales como los Altos de Morelos, donde la implementación de OET comunitario —con mapeo participativo y vigilancia del agua— ha recuperado manantiales y reducido enfermedades gastrointestinales hasta en un 30 %, según registros locales. Cuando las comunidades deciden cómo proteger bosques y fuentes de agua, también defienden su salud.
Por contraste, en áreas donde predomina la visión extractiva —como en desarrollos turísticos sin planeación—, se observa contaminación de ríos y aumento de enfermedades respiratorias. Esto evidencia que los impactos sobre el terreno también condicionan directamente la salud colectiva.
La propuesta es integrar la salud pública en los procesos de OET: evaluar no solo biodiversidad o geología, sino también calidad del agua y aire y bienestar comunitario. Proponemos que los protocolos del OET incluyan monitoreo epidemiológico participativo y mecanismos de prevención.
Solo así el ordenamiento ecológico dejará de ser una herramienta fría de control para convertirse en un motor de justicia ambiental, de reconciliación del territorio con los cuerpos que lo habitan.
-
Universidad Autónoma Metropolitana
↑
Agricultura y política ambiental: el Programa Sembrando Vida en Morelos
Fleur Gouttefanjat
Desde la mitad del siglo pasado, y de manera más contundente durante el periodo neoliberal, el modelo de agricultura moderna promovido por el Estado mexicano —basado en la expansión de monocultivos y el uso de distintos agrotóxicos— ha sido altamente depredador del ambiente.
Desde 2018, se observa, sin embargo, un importante giro hacia la creación e implementación de programas de desarrollo rural más respetuosos del entorno natural. Un ejemplo de ello es el Programa Sembrando Vida (PSV), que busca el establecimiento de huertas agroforestales cultivadas con técnicas agroecológicas.
En Morelos, el PSV empezó a ser implementado en 2020. Hoy cuenta con 4,898 beneficiarios distribuidos en 26 municipios. Sus parcelas abarcan una superficie total de 12,245 hectáreas; lo cual representa el 7% de la superficie agrícola total del estado.
El PSV ofrece ventajas significativas para la regeneración del ambiente morelense donde se presentan hoy serias problemáticas relacionadas con la tala de árboles y la pérdida de cobertura forestal y de biodiversidad, la escasa captación de agua y los periodos de sequía, o la degradación del suelo con disminución de la fertilidad y de la materia orgánica. ¡Sería muy deseable una mayor expansión del programa en el estado!
Comunidades y conservación:
cuando proteger el territorio va más allá del papel
Martín Neri-Suárez[1]
Las políticas ambientales no pueden quedarse solo en decretos y mapas. Para ponerlo en perspectiva: en México existen 232 Áreas Naturales Protegidas que abarcan casi 98 millones de hectáreas. En Morelos, 6 de estas áreas cubren 108,958 hectáreas, es decir, el 22 % de la superficie estatal. Pero declarar un área protegida en el papel no es suficiente: cuidar el territorio —tanto terrestre como marino— implica un ordenamiento ecológico que conecte estos espacios mediante corredores de vida silvestre, y que reconozca a las comunidades locales que viven en su interior o en sus alrededores como actores fundamentales del ecosistema.
Por eso, es clave que la gente participe activamente en el diseño, gestión y vigilancia de estas zonas. Sin su involucramiento, las políticas de conservación pierden eficacia y legitimidad.
El éxito ambiental no se mide solo en trámites, cifras o documentos oficiales. Hace falta crear espacios reales de colaboración: talleres para compartir conocimientos, plataformas abiertas de monitoreo comunitario, comités de vigilancia, y normas que garanticen la consulta pública. Además, se requieren recursos económicos —provenientes de gobiernos, organismos o empresas— accesibles para que las comunidades impulsen sus propios proyectos de conservación.
Las soluciones no pueden imponerse desde un escritorio. Solo con un trabajo conjunto entre autoridades, académicos y habitantes, basado en evidencia y diálogo, se logrará una gestión auténtica y efectiva de nuestros ecosistemas.
Figura 1. Áreas Naturales Protegidas terrestres y marinas de México. Fuente: Elaboración propia con datos de la CONANP (2025).
Figura 2. . Áreas Naturales Protegidas del Estado de Morelos y Área Destinada Voluntariamente a la Conservación en el predio del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Fuente: Elaboración propia con datos de la CONANP (2025).
Figura 3. Ilustración de comunidades unidas por la conservación comunitaria. Generada con DALL·E (OpenAI), 2025.
-
Universidad Politécnica de Puebla ↑
El clima nos pide orden… con casos concretos
Pohema de Jesús González Viveros[1]
En las últimas dos décadas, Morelos ha perdido más de 60,000 hectáreas de bosque. Solo durante la pandemia, el “Bosque de Agua” —fundamental para el abasto hídrico de Cuernavaca y la Ciudad de México— perdió 4,000 hectáreas por tala ilegal. En Tlacotepec, la expansión urbana avanza sobre zonas verdes. A nivel nacional, tan solo en 2020, se deforestaron más de 127,000 hectáreas.
Estos datos reflejan una realidad alarmante: aunque existen leyes de ordenamiento ecológico, su cumplimiento es débil y la vigilancia, insuficiente. ¿Las consecuencias? Mayor temperatura, menor disponibilidad de recursos naturales, inundaciones más frecuentes, pérdida de capacidad de captación de carbono y deterioro en la calidad del aire.
Si bien se han impulsado iniciativas como la vigilancia comunitaria, convenios entre estados y pagos por servicios ambientales, estas acciones no logran ir al ritmo de la expansión urbana desordenada. El crecimiento de las ciudades debe dejar de ser improvisado: urge planificarlo con base en mapas de riesgo y criterios de manejo sustentable de los recursos naturales.
La pérdida de bosques no es solo un problema estético: sin árboles, hay menos lluvia y menor capacidad de captación de agua. Los bosques actúan como esponjas naturales que absorben humedad, frenan escurrimientos y regulan el ciclo hidrológico. Talarlos multiplica el riesgo de sequías, pero también de inundaciones. Irónicamente, sin árboles llueve menos… y cuando por fin llueve, todo se inunda.
Fig. 1 – Pérdida de bosque en Morelos (2004–2023)
Fig. 2 – Zona de mayor deforestación en Morelos en los últimos 20 años.
Fig. 3 – Imagen alusiva a tala de árboles.
-
Universidad Veracruzana ↑
Políticas Ambientales Y Ordenamiento Ecológico Territorial.
Tamara Rubio Blanco[1]
Ozumba de Alzate, en el Estado de México, forma parte de la región de los volcanes y está vinculado al Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl. Su riqueza cultural y biológica —incluido uno de los tianguis más grandes de Latinoamérica— es motivo de orgullo, pero también demanda acción urgente.
Aunque existen planes urbanos y políticas ambientales para cuidar el ecosistema, en la práctica abundan los basureros clandestinos, la quema de pastizales, ríos contaminados y asentamientos en zonas forestales. Esta problemática se extiende por toda la región volcánica.
El ordenamiento ecológico requiere acciones concretas: detener la urbanización en zonas frágiles, rescatar manantiales, cerrar tiraderos a cielo abierto y promover educación ambiental. Sin participación comunitaria, cualquier plan fracasa.
Proteger la biodiversidad de Ozumba exige colaboración entre población, gobiernos e instituciones. Ignorar su vulnerabilidad pondría en riesgo no solo el paisaje, sino la vida que depende de él.
Tiradero de basura en barrancas.
Contaminación del Arroyo de Nexpayantla.
-
Universidad Autónoma del Estado de México, ↑
Buzón Ambiental
Este es tu espacio para hacer oír tu voz. ¿Tienes alguna inquietud, pregunta o denuncia sobre el medio ambiente en Morelos? El “Buzón Ambiental” de Xoxoctic está abierto para que compartas tus opiniones, experiencias y propuestas sobre la naturaleza, la ecología y los problemas que nos afectan a todos. Escríbenos y juntos hagamos nuevamente de Morelos el lugar de la “Eterna Primavera” ¡Tu participación es clave!
Manda tu contribución de no más de 1200 caracteres al correo:
lajornadamorelosxoxoctic@gmail.com
Soy habitante de Huitzilac, Morelos, y quiero alzar la voz. Cada vez vemos más árboles talados, más basura en las barrancas y más terrenos vendidos para fraccionamientos. Nos dicen que hay leyes, que hay programas de protección, pero en los hechos el monte se muere y nadie responde. Las decisiones se toman desde escritorios, sin preguntarnos a quienes vivimos aquí desde siempre. El “ordenamiento ecológico” que promueven solo ha traído restricciones para los campesinos, mientras los megaproyectos sí avanzan. ¿Eso es justicia ambiental? La gente del pueblo cuida los manantiales, hace faenas, limpia caminos. Pero sin apoyo, sin recursos y sin que nuestras voces cuenten, todo esfuerzo se vuelve cuesta arriba. Pedimos que se nos escuche, que se respete nuestra forma de vida y que nos dejen ser parte de las soluciones.
Tomasa Hernández Juárez, 53 años, vecina de Huitzilac, Morelos.
Lectura Recomendada
Te invitamos a sumergirte en el conocimiento a través de libros que abordan temas ambientales claves. Cada recomendación busca inspirarte, informarte y generar conciencia sobre los desafíos ecológicos que enfrentamos en Morelos y en todo el país.
En esta ocasión te recomendamos La memoria biocultural: la importancia ecológica de las sabidurías tradicionales, de Víctor M. Toledo y Narciso Barrera-Bassols. Esta obra destaca el papel fundamental de las comunidades indígenas y campesinas como guardianas del territorio, la biodiversidad y los saberes ecológicos.
A través de estudios de caso, mapas y análisis históricos, el libro muestra cómo los conocimientos tradicionales permiten una gestión más justa y sostenible del ambiente, en contraste con los modelos tecnocráticos impuestos desde fuera.
Una lectura imprescindible para quienes buscan comprender la ecología desde el conocimiento profundo de quienes han vivido y cuidado la tierra por generaciones.
Léelo completo aquí: https://archive.org/details/toledo-barrera-bassols.-la-memoria-biocultural.-la-importancia-ecologica-de-las-
