En el Periódico Oficial Tierra y Libertad número 6571 se publicó el decreto 1105 del Ejecutivo estatal con el que se formaliza la creación de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, nueva instancia encargada de fortalecer la transparencia y rendición de cuentas en el Poder Ejecutivo y que busca alinear la estructura del gobierno estatal con la política nacional de austeridad, eficiencia administrativa y combate frontal a la corrupción.
La reforma armoniza la Constitución local con la estrategia federal de simplificación orgánica, lo que consolida un modelo gubernamental más ágil, funcional y comprometido con el uso responsable de los recursos públicos, asegura el Ejecutivo estatal en un comunicado.
Con la entrada en vigor del decreto, queda derogado el artículo 23-A de la Constitución Política del Estado de Morelos y establece un esquema institucional en el que la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno asume de manera directa la tutela del derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales en el ámbito del Ejecutivo estatal.
Este diseño institucional elimina estructuras intermedias y otorga mayor eficacia a la política de transparencia y combate a la corrupción, al impulsar una actuación transversal, con mejor coordinación y mecanismos de supervisión más robustos.
De acuerdo con el decreto, los poderes Legislativo y Judicial ejercerán estas funciones mediante sus respectivos órganos internos de control, mientras que los partidos políticos y organizaciones sindicales se sujetarán a los esquemas de fiscalización federal vigentes, lo que garantiza certeza jurídica y plena protección de derechos.
Con esta reforma, Morelos fortalece la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno como pilar del nuevo andamiaje institucional, lo que reafirma que la rendición de cuentas es un principio permanente y un compromiso ineludible con el pueblo, asegura el comunicado.
Esta decisión se inscribe en la transformación nacional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y confirma que un gobierno austero, eficiente y honesto constituye la base para garantizar derechos, generar confianza pública y construir bienestar colectivo.