Juzgado multaría a diputados locales
+ Los legisladores hicieron vacío a la sesión de comisiones unidas en que se discutiría el dictamen que derogaría artículos del Código Penal de Morelos
+ El nuevo requerimiento del juzgado noveno sobre un juicio de amparo incluye el apercibimiento de multa en caso de incumplir el plazo
+ La presidenta de las comisiones en que se discutirá la iniciativa, Melissa Montes de Oca, convocó nuevamente a la discusión el martes próximo
El juzgado noveno de distrito con sede en Morelos notificó al Congreso de Morelos de las sanciones que enfrentarían en caso de desacatar la orden para derogar los artículos de los códigos penales de Morelos que penalizan el aborto voluntario a más tardar el siete de febrero; sin embargo, los legisladores hicieron vacío a la convocatoria de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales e Igualdad de Género para sesionar la mañana del jueves por lo que el tema no pudo desahogarse.
La instrucción del juzgador deriva de la sentencia al amparo indirecto 1638/2023 en que se determina la inconstitucionalidad de los artículos que penalizan la interrupción voluntaria del embarazo en Morelos por considerar que violan los derechos humanos de las mujeres por lo que hizo una primera notificación a la LVI Legislatura del Congreso del Estado de Morelos en octubre del 2024 instruyendo a derogar la penalización.
El Congreso entonces aseguró que debería seguir el proceso legislativo y para ello convocó a mesas de diálogo con grupos ciudadanos y especialistas, sin embargo, el avance fue escaso y el tiempo se vencía. El 15 de diciembre pasado, en la última sesión del primer periodo ordinario de sesiones, justo cuando vencía el tiempo para determinar la despenalización, la Legislatura solicitó al juzgado “aclarar la forma en que se debe proceder para cumplir con la instrucción de votar sobre la despenalización del aborto”.
El juzgado noveno respondió, ya en enero con un nuevo requerimiento que llegó a la Comisión Permanente del Congreso, la que a su vez lo turnó a las de Puntos Constitucionales e Igualdad de Género, ambas presididas por la diputada Melissa Montes de Oca. En el nuevo documento el juzgador reitera que la prohibición de la práctica del aborto voluntario es contraria a los derechos humanos de las mujeres e incluyó “un apercibimiento de multa para los diputados y las diputadas del estado de Morelos” que podría hacerse efectivo ya.
La propia diputada Montes de Oca expuso que ella misma respondió al juez que se convocaría a la sesión de comisiones unidas para evaluar el dictamen que derogaría la penalización del aborto en Morelos. Sin embargo, los diputados no acudieron a la sesión de comisiones a la que fueron convocados, por lo que también se informó al juzgador de ese hecho.
Ahora tocará al juez determinar si empieza a aplicar multas frente a la omisión de los legisladores o concede un nuevo plazo para que las comisiones sesionen y dictaminen por la derogación de los artículos del código penal de Morelos, en tanto la diputada Montes de Oca Montoya volvió a convocar a sesión a los legisladores el martes de la semana que inicia.
Desde abril del 2007 hasta este febrero, 20 estados han despenalizado el aborto voluntario en México (aunque en el caso de Aguascalientes en diciembre del 2023, cuatro meses después de derogar la criminalización, el Congreso de esa entidad determinó reducir el plazo temporal para que la práctica sea legal.
Para el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) promotor del juicio de amparo que obligaría al Congreso de Morelos a despenalizar la práctica, “El aborto es un evento que puede ocurrir en la vida reproductiva de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Por ello, los servicios de salud deben brindar atención oportuna y libre de discriminación a quienes deciden interrumpir un embarazo. Además de ser un servicio de salud, es un medio para ejercer la autonomía reproductiva; sin embargo, en la legislación, con excepción de los estados que ya lo han despenalizado parcialmente, se sigue considerando como un delito. Esto provoca que quienes decidan abortar reciban sanciones”.
El GIRE va más allá y explica que “a esta criminalización legal se suma la criminalización social a causa del estigma enraizado en la idea de que la maternidad es la función obligatoria de las mujeres. Al permear las instituciones del Estado y sus leyes, esta idea genera violaciones a los derechos humanos. Ahí recae la importancia de trabajar para que el aborto salga de los códigos penales y sea regulado en las leyes sanitarias, lo que garantizará el acceso para todas y todes”.
También advierte que “el aumento exponencial de iniciativas relacionadas con el aborto seguro es una expresión de los logros que ha tenido la Marea Verde en la lucha por los derechos humanos y la justicia reproductiva. Aunque el camino aún es largo para lograr que el acceso al aborto legal, seguro y gratuito sea una realidad a lo largo y ancho del país, este movimiento continúa haciendo olas a favor de la libertad y autonomía de las mujeres y otras personas con capacidad de gestar”.
