La necesidad de construir mecanismos efectivos de comunicación entre el sistema jurídico ordinario y los sistemas normativos indígenas, ya reconocidos por la Constitución pero aún sin una interacción clara, marcó el arranque del Primer Congreso Internacional de Derechos Indígenas en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). El encuentro reunió durante dos días a especialistas, académicos y representantes comunitarios para analizar el panorama actual de la justicia indígena en México.
Las actividades se desarrollaron en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAEM, donde se instalaron seis mesas de discusión dedicadas a los derechos colectivos, los sistemas normativos propios y los retos pendientes para su reconocimiento pleno en el marco legal nacional.
En representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Orlando Aragón Andrade señaló que la nueva Corte busca fortalecer su cercanía con las luchas de los pueblos originarios y avanzar en la protección de los derechos colectivos y afrodescendientes. Añadió que el Centro de Estudios Constitucionales abrirá más espacios de colaboración para atender las problemáticas desde una perspectiva descentralizada.
Para el investigador Juan Manuel Ortega Maldonado, coordinador del congreso, el reto central es articular un puente entre el sistema ordinario con los sistemas normativos indígenas, ya que carecen de herramientas operativas que permitan su coexistencia efectiva.
Finalmente, Ricardo Tapia Vega, director de la FDyCS, enfatizó que entender los derechos indígenas implica reconocer su carácter diferencial y respetar los usos, costumbres y cosmovisiones de cada comunidad, lejos de las interpretaciones occidentales que históricamente los han limitado. “Estas cosmovisiones son el alma de esta tierra”, afirmó ante organizaciones y defensores de derechos indígenas.
El congreso continuó con la participación de ponentes de diversas universidades y especialistas nacionales e internacionales, con la intención de aportar rutas para una justicia intercultural más sólida y respetuosa de la diversidad jurídica del país.
En las mesas de trabajo participaron académicos, especialistas y defensores de derechos de los pueblos originarios. Foto: Cortesía.