Aunque insistió en que no querer “entrar en confrontación”, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Emilio Elizalde Figueroa, negó que exista una “puerta giratoria” en los juzgados que permite a presuntos delincuentes obtener su libertad inmediatamente después de ser aprehendidos, y más allá, puso en duda la labor de los cuerpos de seguridad al asegurar que “si hacen bien su trabajo”, tendrán buenos resultados.
Después se semanas de acusaciones sobre actuaciones sospechosas de jueces que han puesto en libertad a sujetos aprehendidos en diversos cateos donde se han asegurado armas, drogas, vehículos robados, y otros objetos ilícitos o relacionados con la comisión de delitos, el Tribunal Superior de Justicia convocó a una rueda de prensa en que su presidente aseguró que “desde el punto de vista” del Poder Judicial no existe esa “puerta giratoria”.
“Nosotros no traemos pleito con nadie, ni estamos juzgando el trabajo de nadie. Lo que se ve es a consecuencia de los resultados. Si tú haces bien tu trabajo, obviamente vas a obtener los resultados que tú quieres. Si tu trabajo adolece de algo que la ley exige, indudablemente no vas a obtener los resultados que quieres”, aseguró.
Insistió en que “el marco normativo es muy claro”, y si las fuerzas policiales de apegan a él, “no tiene porqué haber problemas. La cuestión es cómo lo presentas”.
Sin embargo, reconoció que los juzgadores están sujetos, “en el caso de que se violenten disposiciones de orden legal a que puede una Sala, dar vista a la Junta de Administración y Disciplina” para aplicar sanciones.
Pero advirtió que estas determinaciones no se darán por disposiciones unilaterales, sino por decisiones argumentadas conforme al marco normativo. Recordó que los juzgadores no toman sus decisiones al libre albedrío.
En el caso de las autoridades que se duelen “porque no se les dio lo que querían”, dijo, están supliendo recursos legales que tienen a disposición para recurrir y, en su caso, revertir las determinaciones de los juzgadores. En tales casos serán los órganos colegiados del Poder Judicial los que determinen si hubo o no transgresiones a la ley. Y recordó que en el caso de que un tribunal colegiado determine que la decisión de un juzgador no estuvo fundamentada debe dar vista a la Junta de Administración y Vigilancia del Poder Judicial.
