El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Miguel Ángel Urrutia Lozano, confirmó que actualmente tres presidentes municipales del estado cuentan con medidas de seguridad adicionales luego de haber sido víctimas de amenazas directas. Aunque evitó revelar las identidades de los alcaldes por razones de seguridad, el funcionario subrayó que la protección se implementó tras un riguroso análisis de riesgo realizado por autoridades estatales y federales.
“Al momento se tienen a tres alcaldes que tienen medidas de seguridad adicionales, los cuales no voy a referir para cuidar su situación y que han sido trabajadas de manera discreta y coordinada”, señaló Urrutia Lozano al ser cuestionado sobre la seguridad de las autoridades municipales, tras el asesinato del alcalde de Uruapan, en Michoacán, Carlos Manzo.
Explicó que las medidas obedecen a situaciones específicas de riesgo comprobado, derivadas de amenazas que los funcionarios han recibido en el ejercicio de sus cargos. “Las medidas se dan porque han sido víctimas de amenazas y por eso hoy cuentan con esa protección”, precisó.
El titular de la SSPC enfatizó que la determinación se tomó a partir de un protocolo de evaluación y análisis de riesgo, el cual permitió establecer la necesidad de brindar seguridad personal a los tres ediles. Además, aclaró que la protección no se limita al territorio estatal, ya que puede mantenerse en caso de que los alcaldes tengan que salir del estado, dado que se trata de un esquema coordinado entre instancias estatales y federales.
“Es una situación que deriva del análisis de riesgo, porque si estas personas luego salen del estado podrían tener esa protección; es protección del estado y federal”, explicó.
Urrutia Lozano destacó que estos mecanismos de protección buscan garantizar la integridad física de las autoridades municipales y que su implementación se realiza con absoluta reserva, en coordinación con dependencias federales especializadas en materia de seguridad.
Finalmente, reiteró que la SSPC mantiene una vigilancia permanente sobre posibles casos de riesgo que enfrenten autoridades locales, con el fin de actuar de manera preventiva y evitar hechos que pongan en peligro su vida o el desarrollo de sus funciones públicas.
“Cada caso se analiza con base en la información y los elementos disponibles; no se trata de una medida general, sino de acciones puntuales cuando se confirma una amenaza real”, concluyó el titular de la dependencia.