Desde hace varios años, los Centros Penitenciarios de Morelos han recibido calificaciones reprobatorias, dadas por diferentes autoridades y organismos, derivado de las condiciones en las que operan.
Sobrepoblación, autogobiernos, motines y ahora hasta extorsiones contra las Personas Privadas de la Libertad (PPL), son algunos de los problemas que se viven al interior de los centros de readaptación.
Los recientes hechos ocurridos al interior del Centro de Readaptación Social (CERESO), ubicado en la comunidad de Atlacholoaya, han revivido una de las más añejas problemáticas y que han dejado saldos lamentables con personas heridas y otras más sin vida.
Desde inicios del año 2000 a la fecha, organismos como la Comisión de Derechos Humanos, tanto estatal como federal han ubicado a Morelos, entre los diez estados con los peores sistemas de reinserción social; las calificaciones no alcanzan siquiera los 6 puntos.
Los indicadores en los que Morelos mantiene las peores calificaciones son: derechos humanos de grupos especiales (discapacitados, indígenas, enfermos terminales o VIH, homosexuales); derechos humanos que garanticen la integridad física y moral de los internos; y derecho a la defensa y definición jurídica.
De acuerdo con los diagnósticos del sistema penitenciario estatal, el principal problema que prevalece en los centros de reclusión estatales es el hacinamiento.
Estas condiciones han arraigado las problemáticas y derivado de ello se han registrado motines, escenarios que evidencian la gravedad de la situación y que, por años no ha sido atendida.
Lo ocurrido el pasado 5 de octubre en el penal de Atlacholoaya, revive las deficiencias, atribuibles en este ocasión al gobierno que encabezó el exgobernador, Cuauhtémoc Blanco, en cuya administración ocurrieron varios incidentes.
En octubre del 2019, a un año de haber asumido el cargo el exfutbolista, se registró un motín en el penal de Atlacholoaya, donde el saldo fue de siete internos sin vida, entre ellos Raymundo Isidro Castro, alias “El Ray”, líder en Morelos del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y con quien meses antes habría sido fotografiado Blanco Bravo. Versiones de los internos y familiares aseguraron que el gobierno no habría hecho mayores esfuerzos por evitar el asesinato del presunto criminal.
El 30 de octubre del mismo año, se registró uno de los enfrentamientos más sangrientos en el penal; todo derivó de los malos tratos, extorsiones y torturas que recibían los internos, quienes incluso tomaron de rehenes a 20 custodios, entre ellos Raúl, alias El Ántrax, quien le brindaba protección a el reo Jesús, alias el Rayan, quien según trascendió era el que manejaba los ingresos de extorsiones, droga y control del penal.
Al año siguiente, en marzo del 2020, un grupo de internos intentó fugarse dentro de un camión recolector de basura; la fuga fue impedida pero el saldo fue de tres internos sin vida y 10 heridos, entre ellos un custodio.
En ese año, fueron diversos los casos violentos los registrados al interior del CERESO de Atlacholoaya; en mayo, una riña en uno de los dormitorios dejó a cinco personas lesionadas; un mes después, otro enfrentamiento entre PPL, ocasionó la muerte de cuatro de ellos y varios heridos. La violencia continuó en el mes de agosto, resultando un interno sin vida y más de 10 lesionados.
Lo ocurrido el pasado sábado, no es diferente a los anteriores escenarios, pues derivado de las mismas problemáticas, nuevamente se registró un enfrentamiento que dejó a tres internos heridos y uno sin vida; en esta ocasión, familiares de las PPL, señalaron directamente a Jesús Francisco Flores Jiménez, director operativo de los centros penitenciarios como la persona que incurre en abusos, malos tratos y extorsiones contra los internos.
El nuevo gobierno que encabeza, Margarita González Saravia, se ha comprometido de no permitir estos escenarios; tras los lamentables hechos se instruyó el cese de altos funcionarios encargada dos del sistema penitenciario, según refirieron en un comunicado oficial.
