La definición sobre quién presidirá el Tribunal Superior de Justicia de Morelos es una decisión interna de ese órgano autónomo y el gobierno de Morelos respetará el acuerdo que tomen en su momento, aseguró el secretario de Gobierno, Juan Salgado Brito quien advirtió que mientras no se publique la reforma judicial local, el Ejecutivo seguirá reconociendo al hoy presidente, Luis Jorge Gamboa Olea.
Mientras tanto, una determinación de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres Guadarrama, volvió a recordar el conflicto entre magistrados que mantiene en crisis al Poder Judicial y en que continúan los amagos de denuncias penales.
Desde temprano la mañana del miércoles fue publicada la determinación de la ministra Batres en que desecha por improcedente el juicio de Controversia Constitucional presentado por el magistrado Juan Gabriel Vargas Téllez en que demanda ser reconocido como presidente del Tribunal; uno de los argumentos de la ministra ponente es la presunta falta de quórum en la sesión en que fue designado Vargas Téllez por diez de sus pares que desconocieron a Gamboa Olea.
Luis Jorge Gamboa convocó a rueda de prensa en la que advirtió que los magistrados que se unieron para desconocerlo tendrían que ser denunciados penalmente: “no debemos de olvidar que un grupo de magistrados se unieron para hacer un acto que no tiene una validez y que va en contra de una ley, y eso es un delito que se llama coalición de servidores públicos”.
Sabedor de que está en sus últimos días como presidente del Tribunal, Gamboa Olea llamó a quien vaya a sucederlo “que este (caso) no sea motivo de moneda de cambio. A cambio de una transición o a cambio de un voto que ellos vayan a poner sobre la mesa” que se borren los delitos que asegura cometieron. Insistió: “eso tiene que tener consecuencias y claro que tiene que marcar un precedente para entender que en el Poder Judicial se tiene que respetar la ley, que en casa de la justicia tiene que haber justicia”.
Acusó que pese a que hay en ese grupo de magistrados quienes no se han presentado a trabajar: “sus quincenas han sido cobradas, sus quincenas han sido depositadas y bueno, pues obviamente también los justiciables reclaman esa responsabilidad”.
Aparte, Juan Gabriel Vargas Téllez también convocó a los medios de comunicación para acusar de excederse a la ministra Lenia Batres, y advirtió que los magistrados disidentes buscarán que la Corte reconsidere el desechamiento, lo que ha ocurrido ya en anteriores determinaciones.
“Nosotros presentamos una Controversia Constitucional en aquel momento ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el objeto de que se analizará precisamente el aseguramiento, que nosotros consideramos fue el ilegal, de la Fiscalía Anticorrupción de las oficinas y las instalaciones de este Poder Judicial”, recordó.
Y abundó: “fuimos notificados de que esta controversia le correspondió a la ponencia de la ministra Lenia Batres y que había un desechamiento… Este desechamiento obviamente es (objeto) de reclamación… Tenemos 5 días para (solicitar) que el Pleno de la sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación pueda revisar si la actuación de la ministra se ajusta o no a derecho”.
Advirtió que no fue la Corte la que se pronunció sino solo una ministra, por lo que el asunto sigue vivo. Calificó de excesiva la resolución de la ministra y recordó que hay antecedentes de controversias que, habiendo sido desechadas por la opinión de un ministro fueron controvertidas y luego aceptadas por la Corte, dos de ellas iniciadas por la Comisión de Derechos Humanos del estado de Morelos.
