La Jornada Morelos / ESPECIAL
A menos de un año de que la gobernadora, Margarita González Saravia, y antes de la destitución de Leandro Vique Salazar, al menos una decena de funcionarios de primero y segundo nivel de la administración pública han sido destituidos o presentaron su renuncia en medio de sospechas de corrupción, irregularidades o por “no responder a los principios y el proyecto de la administración actual”:
Ellos son:
Fabiola del Sol Urióstegui Alvear quien fuera directora del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Estado de Morelos (ICTSEM), removida en enero pasado en medio de un escándalo
Dato reservado. Subdirector de Finanzas del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM). También destituido por presuntas irregularidades, según confirmó, también en enero, el entonces director, Leandro Vique Salazar.
Josué Fernández Fernández fue destituido de la Coordinación General de Movilidad y Transporte de Morelos en una diligencia de la Contraloría para investigar acusaciones de presunta corrupción en la dependencia. El funcionario manejó su salida como una “renuncia voluntaria”.
En la misma diligencia en que se removió a Fernández Fernández, fueron destituidos Hiram Díaz de la Paz, director de Transporte Privado y Particular, Coordinación de Movilidad y Transporte.
También Reyna Mayreth Arenas Rangel, subdirectora de Licencias.
Tania Daniela Rebollo Trujillo, directora de Supervisión, Coordinación de Movilidad y Transporte
Jaime Barrera, subdirector de Sistemas, Coordinación de Movilidad y Transporte
y Roberto Jazeel, encargado de Operaciones, Coordinación de Movilidad y Transporte
Andrés Bahena Martínez fue removido de la dirección del DIF estatal apenas unas semanas después de haber asumido el cargo. La idea era nombrar en su lugar a “una persona con un perfil más acorde a las actividades que se desempeñan en la institución”.
Mirna Zavala Zúñiga, quien fungía como secretaria de Hacienda del Estado de Morelos presentó su renuncia voluntaria, efectiva a partir del 15 de agosto de 2025, en medio de un conflicto interno con funcionarios del gabinete estatal y acusaciones sobre presuntas irregularidades en la ministración de recursos.
Leandro Vique Salazar, director del Instituto de la Educación Básica fue destituido junto con por lo menos cinco de sus colaboradores en medio de acusaciones de corrupción que involucran a su círculo más cercano.
