Un día después de que la Fiscalía General de la República informara a las autoridades locales de la investigación por oficio que inició por la probable vinculación de los alcaldes de Cuautla, Jesús Corona Damián, y Atlatlahucan, Jesús Toledano Amaro; el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en Morelos, Daniel Martínez Terrazas, llamó a que se hagan “todas las investigaciones para que la gente se siente segura”; mientras que el coordinador parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso local, Rafael Reyes Reyes consideró conveniente que, mientras las investigaciones se realizan, los alcaldes dejen sus cargos.
Martínez Terrazas, también coordinador parlamentario del PAN y presidente de la Junta Política y de Gobierno del Congreso se Morelos, reconoció que el Legislativo no tiene datos sobre las investigaciones que se realizan sobre alcaldes de Morelos, y acusó que los casos de probables vínculos de alcaldes y otros políticos con organizaciones delictivas comenzaron con la estrategia de seguridad de “abrazos, no balazos” de la administración federal anterior.
Los dos alcaldes investigados fueron postulados por Acción Nacional para los cargos que hoy ocupan, por lo que Martínez Terrazas llamó a investigar “independientemente de los colores partidistas” y añadió: “desafortunadamente aquí en el estado tuvimos la foto del exgobernador, Cuauhtémoc Blanco también son otros presuntos líderes criminales, nos tienen que decir… si hay algún antecedente, si hay alguna denuncia contra los que salen en la foto; y obviamente lo que nosotros queremos es que se esclarezcan estos datos”.
Advirtió que el PAN estará pendiente de que no haya impunidad no solo en el caso de los alcaldes, sino en el resto que pudieran surgir “todo lo que está en presunción, nosotros queremos que se aclare desde lo que sucedió el sexenio pasado hasta en esta ocasión”.
Aparte, el diputado Rafael Reyes Reyes, líder de la mayoría morenista en el Congreso local, aseguró respecto al caso que todos los funcionarios públicos tienen la obligación de rendir cuentas, ser transparentes en el actuar, y “también a enfrentar todo lo que corresponda a conductas que eventualmente puedan calificarse como negativas”.
Recordó que el Congreso del estado no puede “calificar o evaluar la conducta… serán las instancias jurisdiccionales correspondientes las que tendrán que dar a conocer qué fue lo que pasó y por supuesto que la sociedad tenga claro quiénes son las personas, mujeres y hombres, que nos gobiernan en los municipios”.
“En el caso particular, creo que todos los que están sujetos a un proceso de investigación tendrían que analizar la viabilidad de pedir una licencia (a sus cargos) para que la investigación vaya avanzando; pero más que hacer un llamado (a la renuncia) considero que esto es un tema que tendrá que asumirse a título personal de cada uno de los actores”, concluyó.
