El Colectivo Cuernavaca realizó este martes una manifestación en el Congreso para demandar a la LVI Legislatura la destitución de Uriel Carmona Gándara, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) por considerar que no ha dado los resultados al frente de dicha dependencia del sistema de justicia estatal, lo que incide en la creciente violencia, inseguridad e impunidad que se registra en Morelos.
Al respecto, el vocero, Francisco Radilla Corona, explicó que mediante oficio también se ha solicitado a los diputados que, en el marco de sus facultades constitucionales, se apruebe un juicio político en contra del fiscal, al añadir que también ha incurrido en el uso faccioso de esa fiscalía y su titular, por lo que consideró sólo habrá resultados, si se elige un perfil diferente.
“Ninguna estrategia en materia seguridad pública funcionará si uno de los pilares en el sistema de justicia no da resultados y la responsabilidad de la destitución y el nombramiento de un nuevo fiscal recae en los legisladores. Ustedes tienen la enorme responsabilidad de evitar un mayor deterioro de la fiscalía general de justicia”, declaró.
Señaló el entrevistado que la corrupción, la ineficiencia y la inoperancia de la FGE la tienen convertida en un “verdadero lastre para la sociedad”, por lo que consideró urgente fortalecer el andamiaje institucional, legal y la observancia meticulosa de servidores públicos “que estén a la altura de los nuevos retos que se viven hoy en México y en Morelos”.
“Estamos convencidos que no es a través del amago o de las amenazas veladas como deben construirse los grandes consensos al interior de este recinto legislativo, por eso hacemos un atento llamado a la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz y al diputado Alberto Sánchez Ortega para que rectifiquen su postura en torno al fiscal y pongan por delante el interés superior de la sociedad por encima de intereses personales o de grupo por legítimos que estos sean”, añadió.
Radilla Corona enfatizó que recuperar la paz, la tranquilidad y reconstruir el tejido social debe ser una meta urgente y prioritaria de las políticas públicas del estado, en el que están involucrados los tres poderes y cada uno tiene sus propias responsabilidades.
