La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos (CEDH) tomó distancia de los operativos de alcoholímetro solicitados por varios ayuntamientos, al señalar que estas acciones no cumplen con las condiciones mínimas para proteger los derechos de la ciudadanía. Su presidenta, Nadxielli Carranco Lechuga, afirmó que mientras los municipios no presenten proyectos integrales de prevención, el organismo no puede respaldar prácticas que, en los hechos, podrían convertirse en medidas de recaudación y no de seguridad.
La ombudsperson explicó que los alcoholímetros requieren lineamientos claros, personal capacitado y procedimientos que garanticen que la intervención de la autoridad sea justificada y proporcional. De lo contrario, advirtió, la instalación de retenes puede derivar en molestias sin fundamento, lo que contraviene el artículo 16 constitucional, que protege a toda persona contra revisiones arbitrarias.
La titular de la CEDH subrayó que la prevención no puede reducirse a detener automovilistas. Señaló que los municipios deben diseñar políticas que atiendan el problema desde su origen: regular la venta de bebidas alcohólicas, supervisar establecimientos, promover campañas de consumo responsable y ofrecer alternativas reales de movilidad. Sin transporte público nocturno y accesible, dijo, se deja a la población sin opciones seguras para regresar a casa, lo que termina reforzando las condiciones que se pretende inhibir.
También destacó que la prevención de accidentes y delitos debe ser parte de una estrategia más amplia que contemple la participación comunitaria, el acompañamiento institucional y el fortalecimiento de servicios relacionados con la atención a adicciones. Sin esta visión integral, agregó, los operativos solo generan desconfianza y pueden percibirse como acciones orientadas más al cobro de multas que al cuidado de la vida.
Ante este escenario, la CEDH reiteró que no participará en los alcoholímetros mientras los proyectos municipales no cumplan con los requisitos técnicos, legales y sociales necesarios. “Cuando exista claridad en los procedimientos y un enfoque real de prevención, podremos valorar nuestra intervención”, sostuvo Carranco Lechuga.
