Parece haber cuatro “intocables”
- Tras diez años desde su creación, la Fiscalía Anticorrupción ha tenido un desempeño deslucido en el que gravita la impresión de no querer, o poder, tocar a destacadas figuras de la política local.
- Cuatro de los casos de los que se encarga actualmente son emblemáticos por los agravios que sus protagonistas han provocado en el estado.
- Las investigaciones sobre Omar Taboada Nasser, Cuauhtémoc Blanco, su medio hermano Ulises Bravo y el actual magistrado presidente del TSJ, pondrán a prueba al nuevo titular de la FA.
Aunque la gestión de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Morelos no ha tenido mayores éxitos desde la creación del órgano hace diez años, cuatro de los casos que lleva actualmente son emblemáticos por los agravios que sus protagonistas han provocado a la sociedad en el estado. Uno de ellos es el ícono de las sospechas de protección extrajudicial a los exfuncionarios públicos de Morelos, y los otros tres símbolos de impunidad casi total por miedo, intereses o conveniencia política.
Taboada, bajo la sospecha de protección extrajudicial
Omar Taboada Nasser, extitular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario en la última parte del mandato de Cuauhtémoc Blanco resulta un caso urgente de atender por el nuevo fiscal Anticorrupción de Morelos, Leonel Díaz Rogel. El 28 de septiembre del 2024, tres días antes de que fuera relevado en la oficina por el cambio de administración gubernamental, la fiscalía Anticorrupción atendió una denuncia ciudadana que “llevó a un cateo en bodegas de familiares de Taboada Nasser donde agentes de la Fiscalía Anticorrupción encontraron varias toneladas de fertilizante, tinacos y otros materiales”.
La Jornada Morelos dio cuenta de los hechos esa misma noche, muchos de los bultos de fertilizante, según confirmaron a este medio algunos de quienes participaron en el cateo tenían una leyenda que los acreditaba como propiedad del gobierno federal y prohibía su venta, sin embargo, Taboada los “compró” a través de una empresa vinculada con el hermano del gobernador, Ulises Bravo Molina.
Ya antes de la investigación de la Fiscalía, Taboada Nasser, considerado uno de los operadores financieros de Bravo Molina, había sido acusado por campesinos de las regiones sur y oriente de Morelos por la retención de apoyos para los productores, sin embargo, fue hasta finales de la administración Blanco cuando la Anticorrupción actuó.
Taboada no sólo era sospechoso entonces de malos manejos de recursos, adicionalmente omitió presentarse a la entrega de su despacho por más de dos semanas. En medio del escándalo y el suspenso, el exfuncionario se paseaba por plazas comerciales de Cuernavaca.
En diciembre, la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización presentó una nueva denuncia contra funcionarios de Sedagro. Y en enero, el gobierno de Morelos también acusó formalmente directamente a Taboada Nasser y otros colaboradores suyos por la retención de fertilizantes y la compra irregular de los mismos.
La Anticorrupción tuvo antes de sesenta días la carpeta de investigación integrada y obtuvo la orden de aprehensión contra el extitular de Desarrollo Agropecuario, sin embargo, ésta no se cumplimentó porque la defensa del acusado obtuvo un “permiso” para presentarse al juzgado posteriormente, en una audiencia que primero se suspendió “para dar oportunidad a la defensa de conocer la acusación”, y cuando se celebró, el juez Natanael Subdias Aguilar, determinó no vincular a proceso al acusado argumentando que no identificaba dolo en la compra y retención de fertilizantes, y que la fiscalía había integrado mal las periciales.
El caso fue la puntilla que obligó a adelantar el fin de periodo del exfiscal, Juan Salazar Núñez, quien renunció tres meses antes de la conclusión de su mandato. Pese a las sospechas de irregularidades en el proceso, hasta ahora no se ha informado de acciones de investigación sobre el juzgador ni sobre el Tribunal Superior de Justicia por este caso.
Cuauhtémoc Blanco Bravo, el gobernador impune
El exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo ha vuelto a la palestra de los medios de comunicación nacionales por haber sido acusado de violación en grado de tentativa en agravio de quien dice ser su hermana, Nidia Fabiola. Pero ese es un caso que lleva la Fiscalía General de Morelos y que ahora se encuentra en fase de reposición de la integración. Aparte de esa carpeta de investigación, la Fiscalía Antricorrupción tiene por lo menos una decena de carpetas de investigación que involucran directamente al hoy diputado federal en actos de probable corrupción cometidos durante su gestión como gobernador y que incluyen delitos como la falsedad de declaraciones, falsificación de documentos, y enriquecimiento ilícito. A ellas habría que sumar por lo menos otras tres por irregularidades cometidas en su encargo como alcalde de Cuernavaca.
Si bien apenas hace unas semanas el ya exfiscal Anticorrupción había declarado que no se habían recibido denuncias contra el exgobernador, se refería a hechos relacionados con el proceso de entrega recepción. Porque la Fiscalía tiene carpetas abiertas desde el 2021 en las que relaciona el exmandatario con hechos de probable corrupción. La de ese año lo involucraría junto con su hermano, Ulises Bravo, y su secretario particular, Edgar Riou, con operaciones de lavado de dinero a través de la triangulación por cuentas bancarias.
En el 2022, la Fiscalía Anticorrupción presentó tres solicitudes de procedencia en contra de Cuauhtémoc Blanco Bravo, por igual número de carpetas de investigación completamente integradas que buscaban ser judicializadas, por delitos como enriquecimiento ilícito, uso de documentos falsos, fraude procesal, falsificación de documentos, entre otros.
Entonces, el vicefiscal, Édgar Núñez Urquiza, aseguraba que las tres carpetas eran parte de un conjunto de unas diez investigaciones y tenían los suficientes elementos para ser judicializadas. Pese a ello, el Congreso de Morelos nunca consideró siquiera entrar a la discusión de las solicitudes de procedencia que, aún hoy, continúan en la “congeladora” legislativa.
En el transcurso, la marcha de los acontecimientos en el Ayuntamiento de Cuernavaca, que Cuauhtémoc Blanco presidió de 2016 a 2018, evidenciaron el otorgamiento de beneficios excesivos y probablemente ilegales a trabajadores despedidos, un asunto que la actual sindicatura, a cargo de Paula Trade Hidalgo, aseguró que debería denunciarse.
Otro dato relevante que forma parte de denuncias es el desvío de alrededor de tres mil millones de pesos de gasto federal durante su administración, a través de operaciones como contrataciones de empresas fantasma, compras irregulares de insumos que nunca fueron entregados, simulación en los procesos de adquisiciones y asignaciones de contratos vía licitaciones e invitaciones a modo, entre otros.
Un hermano cómodo
Llegado a Cuernavaca a partir del inicio de la administración gubernamental de su hermano Cuauhtémoc Blanco, Ulises Bravo Molina fue durante seis años mucho más que un hermano para nada incómodo de Cuauhtémoc Blanco. Prácticamente todas las operaciones y decisiones importantes del gobierno estatal pasaban por Bravo Molina quien tomaba acuerdos y sometía a funcionarios públicos en rincones de los restaurantes de Cuernavaca.
Uli, como le decían sus amigos y aliados, llegó a Morelos para disputarles el control de la administración pública a los entonces poderosos José Manuel Sanz Rivera y Pablo Ojeda Cárdenas (jefe de la Oficina de la Gubernatura y secretario de Gobierno), y muy pronto los desplazó, al grado de que en el 2021 ya era por quien pasaban todas las solicitudes al gobernador, de las que a menudo Cuauhtémoc Blanco no se enteraba siquiera, pero eran atendidas, o no, directamente por su hermano.
La posición construida con la venia de su hermano, y a base de presiones y la destrucción de la dignidad del funcionariado público en Morelos, permitió a Bravo Molina operar el gobierno desde fuera de la estructura oficial. Él ponía y quitaba funcionarios con la complacencia de un gobernador ausente, según aseguran muchos de quienes trabajaron en el gabinete de Blanco.
La operación política y financiera de Ulises Bravo, apoyada entre otros por Omar Taboada Nasser y el entonces director del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, Eliacín Salgado de la Paz, funcionó en medio de la descomposición política del sistema de partidos en Morelos, que el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, también padeció. Ulises se las arregló para incluso ser dirigente de Morena en Morelos por lo menos unas semanas, más en una exhibición de poder que por alguna convicción partidista.
En paralelo a la tarea política, Ulises Bravo favoreció la operación de una red de empresas que competían entre sí para ganar la mayoría de los contratos de compras y servicios del gobierno de Morelos. Las operaciones de Ulises Bravo incluyen muchas señaladas por probable corrupción ante la fiscalía especializada de Morelos, entre ellas las realizadas en la Comisión Estatal del Agua, el Instituto de la Educación Básica, las secretarías de Desarrollo Agropecuario y Desarrollo Económico, el Instituto de Servicios Catastrales.
En un caso se le ha señalado como el directamente responsable, el de la asignación irregular de una patente notarial que se realizó a espaldas del entonces secretario de Gobierno, Pablo Ojeda, y en la que se detectó, por lo menos, tráfico de influencias.
Un juzgador a modo
Además de las acusaciones por presuntas irregularidades laborales y procedimentales al interior del Tribunal Superior de Justicia, denunciadas por la Comisión de Derechos Humanos del estado de Morelos y algunos magistrados, al presidente del Tribunal Superior de Justicia. Luis Jorge Gamboa Olea se le han iniciado investigaciones por la operación de una red de favorecimiento específicamente para acusados de corrupción.
Un reporte de investigación vincula a Gamboa Olea con la abogada defensora Angelica Danae Velázquez Luna, exfuncionaria de la entonces Procuraduría General de Justicia, a quien se considera embajadora de los intereses de Gamboa, ante algunos juzgadores, y a jueces como Natanael Subdias y otros como beneficiadores directos de exfuncionarios a quienes la Fiscalía Anticorrupción ha intentado juzgar tanto de la administración de Graco Ramírez, como de la de Cuauhtémoc Blanco.
En este supuesto estarían, además del caso de Omar Taboada, los de excolaboradores de Graco Ramírez como Sergio Beltrán, Patricia Izquierdo, y Raúl Tadeo Nava.
Otra indagatoria sobre Gamboa Olea estaría en un posible enriquecimiento ilícito denunciado por trabajadores del Tribunal que acusaron al presidente de excesos en la adquisición de camionetas, regalos onerosos, y enormes festines con que trata de continuar, aseguran, su carrera política.
Gamboa Olea, sin embargo, fue intocable para la fiscalía Anticorrupción que, incluso, tomó partido a su favor en la crisis que aún padece el Tribunal Superior de Justicia por el enfrentamiento entre magistrados. Aún con ello, aseguró una fuente de la Fiscalía Anticorrupción a La Jornada Morelos, las denuncias existen y se volvieron a revisar a partir de la determinación de no vincular a proceso a Taboada Nasser.
