Pese a una aparente disminución en las cifras, las violaciones a los derechos humanos en contra de personas defensoras continúan ocurriendo en México y siguen siendo, según el Comité Cerezo México, un reflejo de la falta de acción del Estado mexicano. Así lo señala el informe “Defender los Derechos Humanos: La Esperanza se Desmorona”, presentado este mes por la organización, especializada en el acompañamiento de víctimas y la documentación de agresiones a activistas.
De acuerdo con el informe, mil 259 casos de violaciones a derechos humanos fueron registrados en el país contra personas defensoras en los últimos años. La organización hace una comparación histórica que muestra un descenso en el número de casos, pero advierte que esto no debe confundirse con un cambio estructural.
En 2020 se documentaron 554 casos, mientras que en 2018 fueron 569; en 2019, 364; en 2021, 365; en 2022, 471; en 2023, 256, y en 2024, 136. Hasta lo que va de 2025, el Grupo Cerezo ha registrado 107 casos. Si bien esto representa una disminución de más del 50% con respecto a años anteriores, el colectivo alerta que las agresiones no han desaparecido, sino que persiste una estructura de Estado que busca silenciar, intimidar o neutralizar a quienes critican al poder o denuncian abusos.
El informe identifica como principales responsables de estas violaciones a gobiernos estatales, aunque reconoce que, en dos casos recientes, el gobierno federal figura directamente como beneficiario. No obstante, el documento enfatiza que, aunque los actores estatales sean los ejecutores, la responsabilidad última recae en el Estado mexicano, que tiene el deber de garantizar los derechos de todas las personas, incluidos los y las defensoras de derechos humanos.
Las entidades más señaladas por la recurrencia de estas violaciones son: Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Jalisco. En estos estados se han documentado desde hostigamientos, amenazas, campañas de difamación, detenciones arbitrarias, hasta formas más graves de represión contra quienes ejercen el derecho a defender causas sociales o territoriales.
El informe también advierte sobre un patrón de impunidad y permisividad desde el gobierno federal, que —amparado en la autonomía de las entidades federativas— no interviene ni frena estas acciones, lo cual, según el Grupo Cerezo, convierte a estos hechos en crímenes de Estado.
“Es una estructura que sigue ahí, intacta. Aunque cambien los gobiernos, las prácticas de control y represión persisten”, señala el colectivo, al tiempo que urge a una revisión profunda de los mecanismos de protección y una respuesta real del Estado para frenar la violencia contra personas defensoras.
