Por “limitaciones legales y presupuestarias”
- La titular de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, Penélope Picazo Hernández, reconoció que la mayoría de las víctimas de delitos en la entidad no tiene sin acceso a una reparación del daño.
- Aproximadamente el 70 por ciento de las víctimas directas e indirectas en el estado no cuenta con una sentencia judicial que determine la responsabilidad de los agresores.
- Con la reforma judicial podría haber “un nuevo impulso a emitir sentencias, que haya un reconocimiento de culpabilidad y sentenciados, para que las víctimas no queden en estado de indefensión y puedan acceder a la reparación del daño”, señaló la funcionaria.
La titular de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos (CEARV), Penélope Picazo Hernández, reconoció que la mayoría de las víctimas de delitos en la entidad continúa sin acceso a una reparación integral del daño, debido al rezago judicial y a las limitaciones legales y presupuestales que enfrenta el organismo.
De acuerdo con la funcionaria, cerca del 70 por ciento de las víctimas directas e indirectas en Morelos no cuentan con una sentencia judicial que determine la responsabilidad de los agresores, condición necesaria para acceder a una compensación económica. “Con esta reforma judicial, espero que se dé un nuevo impulso a emitir sentencias para que las víctimas no queden en estado de indefensión, para que haya un reconocimiento de culpabilidad, que haya sentenciados y que haya la posibilidad de acceder a la reparación del daño”, señaló.
Picazo Hernández explicó que, aunque la CEARV busca cumplir con su mandato de garantizar justicia y reparación, existen límites económicos y jurídicos que restringen su actuación. En la actualidad, la ley establece un tope máximo de 500 UMAS (Unidad de Medida y Actualización) mensuales para cubrir las compensaciones, incluso en los casos donde las resoluciones judiciales determinan montos superiores. “Nosotros tenemos un tope porque existen diversidad de criterios judiciales; a veces se dictan sentencias con montos muy bajos. En casos de violación, por ejemplo, ha habido resoluciones que fijan compensaciones de apenas 50 mil pesos. Es lamentable”, afirmó.
La titular del organismo detalló que el Fondo Auxiliar para la Reparación del Daño se integra con el 0.14 por ciento del presupuesto estatal, cifra establecida por ley, pero que resulta insuficiente frente al número creciente de víctimas y la falta de sentencias firmes. “Es un tema que se tiene que cumplir por mandato, pero los recursos son limitados y hay ocasiones en que el Fondo no puede cubrir la totalidad de las reparaciones”, puntualizó.
La funcionaria destacó que la reforma judicial impulsada a nivel federal podría representar una oportunidad para agilizar los procesos y garantizar que las víctimas no permanezcan en indefensión. Sin embargo, subrayó que la justicia en Morelos enfrenta un desafío estructural: la falta de sentencias que reconozcan la culpabilidad y determinen la reparación integral.
“Mientras no existan sentencias, las víctimas siguen esperando verdad y justicia. No se trata sólo de compensaciones económicas, sino de garantizar que los responsables enfrenten consecuencias y que el Estado cumpla su obligación de reparar el daño”, concluyó Picazo Hernández.