Introducir teléfonos celulares a los centros penitenciarios es un delito que ahora puede castigarse con hasta 12 años de prisión, como ocurrió con una mujer detenida en el CERESO Varonil “Morelos”, en Atlacholoaya. Esta conducta está tipificada en la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, vigente desde el 29 de noviembre de 2025, la cual establece penas de seis a doce años de prisión, además de multa, para quien introduzca o intente introducir dispositivos de comunicación a centros penitenciarios sin autorización.
Durante una visita familiar el 27 de diciembre, custodios detectaron a María Elena “N”, de 62 años, cuando intentaba ingresar dos teléfonos celulares ocultos a la altura de la entrepierna. La mujer fue asegurada durante una revisión de rutina y puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE).
María Elena “N” es una visita familiar acreditada y mantiene parentesco con una Persona Privada de la Libertad, quien cumple una sentencia de 15 años de prisión por robo de vehículo automotor agravado.
Tras su detención, un juez calificó como legal el aseguramiento y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva. La audiencia de vinculación a proceso fue programada para el 2 de enero de 2026.
El aseguramiento se dio en el marco de los operativos interinstitucionales que se realizan en los cinco centros penitenciarios de Morelos como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, con participación de autoridades estatales y federales, y con el acompañamiento de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos como instancia observadora.
Durante 2025, las autoridades de seguridad reportaron la realización de 22 operativos de supervisión en los centros de reinserción social del estado, enfocados en evitar el uso de celulares al interior de los penales, considerados un medio clave para la comisión de delitos de alto impacto como la extorsión.
Al respecto, las autoridades señalaron que Morelos ya cuenta con el respaldo jurídico necesario para actuar en estos casos y se encuentra entre los primeros estados del país en aplicar la ley y poner a disposición a todas las personas que intenten introducir equipos de telefonía celular en los centros de reinserción social.
Así mismo, subrayaron la importancia de socializar esta legislación, al advertir que, en la mayoría de los casos, son mujeres visitantes quienes terminan ingresando estos dispositivos; ahora con penas privativas de la libertad. Ante este escenario, informaron que se iniciará una campaña informativa en los centros penitenciarios, con el objetivo de prevenir que mujeres sean presionadas u obligadas por parejas o familiares a introducir teléfonos celulares.
Una mujer, acreditada como visita familiar de una persona privada de la libertad, fue detenida al intentar ingresar dos teléfonos celulares al penal de Atlacholoaya y podría enfrentar una pena de hasta 12 años de prisión. Foto: FGE
Morelos ya cuenta con respaldo jurídico para sancionar el ingreso de celulares a penales. Se iniciará con una campaña informativa, para prevenir este delito, ya que las mujeres son quienes con mayor frecuencia ingresan estos dispositivos y pueden verse afectadas penalmente. Foto: FGE
