Con motivo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Comisión Independiente de Derechos Humanos Morelos (CIDHM) consideró que en Morelos es importante hacer un recuento de las luchas y las demandas para que se cumplan y respeten los derechos de los diferentes sectores de la población.
La organización civil destacó que uno de los temas a los que ha dado seguimiento ha sido el de las prerrogativas de las mujeres y el acceso a una vida libre de violencia, tales como la Alerta de Violencia de Género, al referir que la muerte de las femeninas tiene responsables directos y son los feminicidas y las instituciones que no cumplen las labores de prevenir, atender, sancionar y erradicar el feminicidio.
«La violencia estructural derivada del sistema machista, misógino y patriarcal capitalista, se refuerza por las omisiones que permiten mantener la impunidad en la mayoría de los casos de feminicidio. Mientras las autoridades no han actuado como debieran, son cada vez mayores las muestras de solidaridad y de consciencia social sobre la barbarie que significa el feminicidio, lo que se demuestra con las crecientes manifestaciones de protesta y de lucha que llevan a cabo familiares, colectivos de apoyo a víctimas, organizaciones feministas, sindicales y defensoras de derechos humanos», informó.
Por ello, a nueve años de declarada la AVG, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, afirmó que continuará documentando, analizando, promoviendo y difundiendo los casos de violencia feminicida y las medidas que deben tomarse para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.
Otro de los temas que ha abordado de manera permanente durante estos años la CIDHM ha sido el de la desaparición forzada, “precisamente a raíz de la desaparición del compañero José Ramón García Gómez, que se cumplirán 36 años este 16 de diciembre, ocurrido en Cuautla”.
“Su caso se ha incluido en el informe presentado por la Comisión para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, como parte de la deuda histórica del Estado mexicano en éste y miles de casos de desaparición forzada. Las localizaciones deben regirse por una política pública de búsqueda de todas las personas desaparecidas, siendo uno de sus objetivos la prevención de desapariciones forzadas y el esclarecimiento de las ya ocurridas, así como el justo castigo de los perpetradores y la adopción de medidas de protección de las víctimas y medidas que garanticen que no se vuelvan a cometer Desapariciones Forzadas”, acotó.
Señaló que las autoridades encargadas de las búsquedas deben diseñar, con la participación de las víctimas y sus organizaciones, una estrategia integral, incluyendo un plan de acción y un cronograma y debe ser evaluada periódicamente, así como realizar análisis de contexto, asimismo, que las autoridades con competencia deben de contar con plenas facultades para tener acceso irrestricto y sin necesidad de previo aviso a todos los lugares donde podrían encontrarse las personas desaparecidas, incluidas las instalaciones militares, de policía, así como recintos privados.
“Es una obligación institucional el impedir las violaciones sistemáticas y combatir la impunidad de las desapariciones forzadas tanto de las presentes como las del pasado. Es necesario seguir fortaleciendo estrategias colectivas hasta lograr su erradicación. Exigimos que ya no exista una simulación institucional, sino una verdadera voluntad política para atender, sancionar y erradicar dicha práctica violatoria de derechos humanos como lo es la desaparición forzada en la entidad”, agregó.
La defensa de los derechos laborales y de los pueblos indígenas en lucha por los derechos colectivos también son causas que la CIDHM, informó, ha mantenido diversas luchas en defensa de la tierra, el territorio, la identidad cultural y sus derechos políticos.