El Instituto Nacional Electoral (INE) concluyó la fiscalización del primer proceso electoral judicial en la historia democrática del país, con la imposición de sanciones económicas por un monto cercano a los 18 millones de pesos, debido a irregularidades en los informes de ingresos y gastos de campaña presentados por candidaturas al Poder Judicial de la Federación (PJF) y a órganos judiciales locales, así se dio a conocer mediante comunicado de prensa.
Durante una sesión extraordinaria del Consejo General, la consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Fiscalización, informó que se revisaron más de 7 mil 300 informes correspondientes a más de 7 mil 700 candidaturas, auditando un universo cercano a los 900 millones de pesos. “Un esfuerzo sin precedentes con plazos inéditos y reglas de reciente creación”, puntualizó.
De acuerdo con los resultados, la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) propuso sanciones por 10.3 millones de pesos a candidaturas del PJF y 7.9 millones a candidaturas de los poderes judiciales en 19 entidades federativas. Entre las principales faltas detectadas se encuentra el egreso no comprobado, una omisión recurrente entre jueces y juezas de Distrito y magistraturas de tribunales colegiados.
En el ámbito federal, el 83 % de las sanciones se concentraron en candidaturas a magistraturas y juzgados de Distrito. A nivel local, Chihuahua y el Estado de México encabezaron la lista con el 35.9 % del monto sancionado.
“Quien aspira a juzgar debe ser la o el primero en respetar la ley. No se puede construir legitimidad desde la omisión ni desde la simulación”, afirmó la consejera Humphrey al justificar la relevancia de las sanciones impuestas.
La revisión detallada arrojó un total de 8,049 faltas en el nivel federal y 9,547 en el local. Las sanciones económicas derivadas incluyen los 10. 3 millones de pesos por irregularidades cometidas en candidaturas al PJF, y los 7.9 millones de pesos por faltas en candidaturas a poderes judiciales locales en entidades como Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Ciudad de México, Durango, Veracruz, entre otras.
Además, el INE resolvió 96 procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización, de los cuales 17 derivan de 29 quejas y 35 procedimientos relacionados con la elaboración y distribución de “acordeones” o guías de votación. Como parte de estos procedimientos, se iniciará una investigación sobre el origen de los recursos destinados a la producción y distribución de acordeones físicos, así como para el diseño y operación de los sitios web que alojaron dicha propaganda.
Asimismo, las consejerías dieron cumplimiento a dos resoluciones emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y atendieron una consulta presentada por el ciudadano Gustavo García Arias, en acatamiento a una sentencia del mismo órgano jurisdiccional.
Finalmente, se presentó el octavo informe de seguimiento a las acciones del Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025, junto con el reporte final sobre el almacenamiento y distribución de documentación y materiales electorales, así como el análisis cualitativo de la información recopilada mediante el sistema Conóceles.