La crisis de derechos humanos en México obliga a realizar transformaciones profundas que permitan detener la escalada de violencia, muertes violentas, desapariciones, feminicidios, mediante políticas que permitan combatir la impunidad y alcanzar la justicia, la verdad y la reparación del daño, de tal manera que se garantice el derecho a la vida, la libertad, la democracia y la justicia social.
Así lo compartió el vocero de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, José Martínez Cruz, quien consideró que el debate actual sobre la reforma judicial y el papel de los organismos autónomos como la CNDH y otros forma parte de un conflicto social y político con implicaciones jurídicas y legales que va más allá de lo inmediato, por lo que es necesario tomar postura y sacar las conclusiones necesarias para actuar en la práctica cotidiana desde una perspectiva crítica.
«Sobre la reforma judicial hay que tomar en cuenta que si bien ya es una reforma constitucional y que no proceden los amparos que han sido emitidos por jueces de distrito, como lo han señalado quienes defienden la legalidad de la actuación de la mayoría gubernamental, también es cierto que el procedimiento institucional mayoritario ha incurrido en una serie de errores y desaciertos que tienen una lógica de justificar toda clase de abusos de poder», informó.
Recordó que la Comisión Independiente se pronuncia por una participación activa y consciente de la ciudadanía en la elección directa de jueces y magistrados, porque permite ampliar las formas de democracia participativa en donde toda la ciudadanía pueda hacer valer su opinión y decisión en la esfera gubernamental, ya que la política no puede ser función únicamente de quienes se dedican profesionalmente a la misma, sino que debe ser un derecho al ejercicio del poder del pueblo y para el pueblo.
Al mismo tiempo, añadió que se ha acompañado mítines y movilizaciones de los trabajadores del Poder Judicial, para que sus razones y argumentos sean debidamente valorados y tomados en cuenta, principalmente en la lucha por garantizar el respeto a la autonomía frente a otros poderes y los derechos laborales de más de 50 mil trabajadoras y trabajadores que ahí laboran.
«También coincidimos con quienes plantean las limitaciones de ésta reforma judicial, ya que para combatir los altos índices de impunidad se requiere también modificar de fondo el papel de las instituciones de procuración de justicia como lo son todas las fiscalías de los estados y la general de la república, para fortalecer su papel de investigación profesional de todas las denuncias que se integran y para brindar la confianza a la inmensa mayoría de quienes padecen toda clase de delitos y no se atreven a denunciar por todo el calvario que se vive en las entrañas burocráticas para lograr que sus casos sean atendidos, investigados y sancionados. Lo menor es lo que debería ocurrir en las instituciones de seguridad pública para evitar que continúen ocurriendo toda clase de delitos que podrían prevenirse mediante políticas de seguridad ciudadana con respeto a los derechos humanos, mediante un proceso de desmilitarización de la seguridad pública», indicó.
Consideró que lo fundamental sería que en el país se garantizaran todos los derechos para todos, mediante la ampliación de la democracia participativa directa y no la parálisis de la sociedad por el miedo y la desorganización social que significa la ruptura del tejido social por décadas de políticas capitalistas neoliberales que favorecen la concentración del poder en unos cuantos.
«Por todo ello, es necesario insistir en la trascendencia de que el esclarecimiento histórico y el acceso a la verdad de lo ocurrido durante las décadas de los años 60s a los 90s, que han sido ampliamente documentadas y presentadas en recientes informes, sean el piso para que las víctimas logren la justicia por la que se han organizado en colectivos y organizaciones que deben ser reconocidos y no atacados sistemáticamente desde las altas esferas del poder», agregó.
Para lograr más transparencia y rendición de cuentas, dijo que los organismos autónomos deben estar verdaderamente al servicio de la ciudadanía y no al servicio del poder. Por ello, ante el proceso de renovación de instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se requiere un ejercicio de evaluación crítica del papel que ha desempeñado desde sus orígenes hace ya 34 años.
«Hemos sido testigos de lo que ocurre cuando se pierde la autonomía de quienes están al frente de éste tipo de instituciones a pesar de tener una trayectoria de lucha, pero que en la práctica traicionan el legado de quienes las precedieron, cayendo en la ignominia de hostigar, perseguir y criminalizar a quienes mantienen el compromiso de seguir luchando por transformar la realidad hasta lograr que los derechos humanos se sienten cotidianamente a la mesa de todas las familias y personas en éste país que, hoy más que nunca, debe elevar su voz de protesta y de lucha consciente y organizada», abundó.
