El Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) informó que alrededor de 300 docentes han iniciado trámites de prejubilación, lo que permitirá liberar un número similar de plazas que serán asignadas a nuevos maestros, como parte de un proceso administrativo y que advierte los ajustes que tendrán que realizarse en enero próximo.
El encargado de despacho de la Dirección General del IEBEM, Raúl Aguirre Espitia, explicó que esta cifra corresponde a los trámites que hasta el momento han sido debidamente documentados por la institución. Señaló que la prejubilación es un derecho laboral de las y los docentes, por lo que el instituto ha dado seguimiento puntual a cada caso para garantizar que el proceso se realice conforme a la normatividad vigente.
Aguirre Espitia detalló que las aproximadamente 300 plazas que quedarán disponibles ya se encuentran identificadas, y que una parte importante de ellas está lista para ser ofertada y asignada en cuanto inicie el proceso correspondiente. Subrayó que el objetivo es cubrir estos espacios en el menor tiempo posible, a fin de evitar afectaciones prolongadas en los centros escolares.
No obstante, reconoció que durante la primera semana del regreso a clases -tras las vacaciones decembrinas- podría registrarse la ausencia temporal de docentes en algunas escuelas, derivada del ajuste entre la salida del personal prejubilado y la incorporación de los nuevos maestros. Aseguró que esta situación ha sido prevista por la autoridad educativa y que se atenderá de manera inmediata.
El funcionario precisó que, de forma paralela al inicio de clases, comenzará el proceso de asignación de las plazas vacantes, lo que permitirá regularizar la plantilla docente conforme avancen los primeros días del regreso a clases. Este mecanismo, afirmó, busca garantizar la continuidad del servicio educativo y minimizar cualquier impacto en el aprendizaje de las y los estudiantes.
Asimismo, destacó que el IEBEM mantiene coordinación con las áreas administrativas y sindicales para que el proceso se lleve a cabo de manera ordenada y transparente, priorizando siempre el interés superior de la niñez y el derecho a la educación.
