“Somos un gobierno totalmente democrático que respeta la libertad de expresión y yo estoy totalmente en contra de castigar a ningún medio de comunicación”, aseguró la gobernadora, Margarita González Saravia, aunque llamó a ser responsables en la información que se da especialmente a través de las redes sociales. al referir a la propuesta de ley presentada en el Congreso de Morelos por la que se busca sancionar la difamación digital.
En su conferencia de prensa semanal, la gobernadora ofreció su opinión sobre la propuesta de reforma al Código Penal para el estado de Morelos que busca sancionar con prisión y multas la difamación digital, que algunos perciben como intento de censura. González Saravia aseguró estar en contra de la persecución a los medios de comunicación por sus visiones, propuestas, trabajo y líneas editoriales.
Sin embargo, advirtió: “creo que lo que nosotros sí necesitamos es ser responsables en general en términos de información. La difamación, es algo que puede dañar mucho a una persona. Pero las redes sociales se prestan por desgracia mucho a ese tipo de líneas comunicativas y bueno, nosotros lo que tenemos que hacer como medios, como personas que usamos las redes sociales, es ser responsables en la información que demos, pero de ninguna manera perseguir a nadie”.
La iniciativa de marras su iniciativa establece que comete el delito de difamación digital quien, por medio de redes sociales, plataformas digitales, medios electrónicos o cualquier otro medio de comunicación digital, publique, comparta o difunda hechos falsos o expresiones con contenido falso, que lesionen la dignidad, el honor o la reputación de otra persona.
Y propone sancionar el delito con penas de tres a seis años de prisión y una multa de 300 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), sin perjuicio de la responsabilidad civil que corresponda; y si el delito se comete de forma anónima, utilizando identidades falsas, redes automatizadas, o si se dirige contra una figura pública, periodista o servidor público en ejercicio, las penas se incrementarán hasta en una mitad.
Además, advierte que “no se considerará difamación digital cuando se trate de expresiones emitidas en ejercicio del derecho a la libertad de expresión con fines informativos, de crítica política o de interés público, siempre y cuando las publicaciones se funden en hechos verificables”.
