Desde hace un par de días, magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) realizan un viaje a la ciudad de La Haya, Holanda, a fin de recibir capacitaciones en materia de impartición de justicia, según lo ha justificado el magistrado presidente, Guillermo Arroyo.
Dicho viaje a causado polémica, en primer lugar porque fue pagado con recursos del erario público, costando entre 60 y 70 mil pesos por cada magistrado, confirmó el presidente del TJA; y en segundo lugar por las personas que lo realizan, entre ellas, Mónica Boggio, quien hace un par de meses asumió el cargo de magistrada, en medio de señalamientos de irregularidades por no cumplir con los requisitos de residencia para desempeñarse en la cargo. También, el viaje lo realiza la magistrada Vanessa Gloria Carmona Viveros, esposa del actual presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Jorge Gamboa Olea.
Por ello, integrantes de la Barra de Abogados han exigido a las autoridades transparentar los recursos aplicados para tal viaje, señalando que se trata de un acto “oneroso e innecesario”, puesto que las capacitaciones pudieron realizarse en el estado.
“Nosotros consideramos que este viaje es oneroso e inútil; son 10 magistrados los que se fueron a este viaje, cuando no era necesario; si quieren recibir las capacitaciones sería mejor que las hicieran en el estado y así podrían aprovecharlo más magistrados. Sin duda son gastos que más allá de representar mejoras en la impartición de justicia, solo beneficia y privilegia a los ya de por sí privilegiados”, refirió el ex presidente de la Barra de Abogados de Morelos.
Agregó que dicho viaje es “un insulto para los morelenses, que carecen de un verdadero acceso a la justicia y que solo beneficia a la clase dorada del Poder Judicial”.
Miguel Ángel Rossete, dijo que esta acción se contrapone a la petición de mayores recursos para el presupuesto del 2025, pues mientras se refiere, por parte de las autoridades judiciales, tanto del TJA como del TSJ que existen carencias económicas “un viaje de estos no cuesta un peso; eso deberían invertirlo en mejoras para que los justiciables tengan mejores atenciones y resultados de sus autoridades”, concluyó.
