- La casa de Gerardo Fernández Noroña en Tepoztlán sí está en un Área Natural Protegida, pero el asunto es de competencia federal, aseguró el secretario de Desarrollo Sustentable, Alan Dupré
La Jornada Morelos / MDD
La Secretaría de Desarrollo Sustentable de Morelos busca que las construcciones que invaden Áreas Naturales Protegidas sean sujetas al desalojo y la destrucción de inmuebles.
El secretario Alan Dupré Ramírez informó que para ello se diseña una reforma legal que permitiría a la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, Propaem, no solo ordenar acciones de remediación de los daños causados por los invasores, sino también proceder al desalojo y la demolición de las construcciones.
Explicó que, con la actual legislación, la procuraduría puede instruir la remediación de los daños ocasionados “pero insisto, es un proceso largo y tedioso”.
Recordó que la semana anterior se clausuraron obras en la Sierra Montenegro, “nosotros creemos que puede ser más rápido (el proceso de clausura y remediación)” porque las invasiones son constantes y no descansan “Si dejamos continuar un proceso constructivo, en un mes puedes avanzar mucho”.
Refirió que actualmente se tienen detectadas una decena de edificaciones en la Sierra Montenegro, por el lado de Yautepec, “y en las siguientes semanas con la Agencia de Transformación Digital presentaremos un sistema satelital” para la vigilancia aérea de las Áreas Naturales Protegidas.
Luego, sobre el escándalo de la casa del senador Gerardo Fernández Noroña en Tepoztlán, el secretario confirmó que sí está ubicada en el Área Natural Protegida Parque Nacional El Tepozteco, pero se trata de una zona que compete a las autoridades federales, por lo que el gobierno estatal no tiene injerencia en el asunto.
Las zonas federales, recordó, le corresponden a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Explicó que la Propaem y la Secretaría de Desarrollo Sustentable han actuado en los espacios que les competen legalmente en Tepoztlán y en el caso de construcciones en proceso se verifica que cuenten con autorizaciones en materia de impacto ambiental e impacto urbano; pero en el caso de la propiedad de Fernández Noroña, incluso se trata de una propiedad que ya fue edificada por lo que ni en ese sentido tendría injerencia el gobierno estatal.
