El subsecretario de Gobierno, Miguel Ángel Peláez, afirmó que la propuesta para convertir a Tetelcingo en municipio es un asunto con un largo historial y que, aunque reconoce que “es justo” que la comunidad avance en este objetivo, el procedimiento deberá realizarse con estricto apego a la ley para evitar que se repitan conflictos del pasado.
Recordó que en un proceso anterior el municipio de Cuautla interpuso una impugnación que frenó la municipalización, por lo que ahora —subrayó— se debe actuar con prudencia, análisis y consenso: “Hay que cumplir con lo que marca la norma para que no suceda lo que ya ocurrió”, declaró.
Explicó que el primer paso es definir con claridad el territorio, lo cual implica establecer acuerdos previos y conocer la postura del ayuntamiento de Cuautla, ya que cualquier desacuerdo podría generar nuevos obstáculos legales. Enfatizó que esta etapa de diálogo es indispensable para determinar las condiciones bajo las cuales se puede avanzar.
El subsecretario puntualizó que el gobierno estatal no impulsará un proceso acelerado ni improvisado: “No sería fast track; buscamos un proceso apegado a la legalidad”. Detalló que, conforme a la normativa, en Tetelcingo debe conformarse un nuevo comité, ya que el anterior fue desconocido en su momento. Este órgano ciudadano deberá organizar una asamblea formal para su integración y, posteriormente, trabajar de manera coordinada con el Congreso del Estado, que es la instancia facultada para resolver la municipalización.
Miguel Ángel Peláez aclaró que el papel del Ejecutivo estatal será únicamente de coadyuvancia, sin intervenir de manera directa en las decisiones que correspondan al Legislativo y a la comunidad. Reiteró que la prioridad es garantizar que todo el proceso se lleve a cabo sin irregularidades que puedan derivar en nuevos litigios o impugnaciones.
Finalmente, destacó que el reconocimiento de Tetelcingo como municipio es un tema que debe tratarse con responsabilidad, diálogo y respeto institucional, para asegurar que cualquier paso que se dé esté respaldado por un consenso social amplio y por el cumplimiento íntegro de la ley.
