Cuando gobernar sí hace la diferencia
Durante años, en Morelos la obra pública fue sinónimo de inercia, simulación o, en el mejor de los casos, de abandono. Carreteras inconclusas, proyectos mal planeados y recursos opacos marcaron un sexenio que no solo dejó una estela de sospechas por corrupción, sino una profunda deuda con el desarrollo económico y social del estado. Hoy, los datos y los propios actores del sector productivo comienzan a dibujar un contraste evidente.
La información de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) señalan, desde un ámbito fuera de las cuestiones partidistas, que en lo que va de la administración de la gobernadora Margarita González Saravia se ha realizado más obra pública que en todo el sexenio anterior. Se trata de una medición directa del volumen de inversión y de contratos ejecutados. El ejemplo del programa Vivienda del Bienestar, cuyo monto equivale a lo realizado en tres o cuatro años del gobierno pasado, es revelador.
La diferencia no radica únicamente en la cantidad de obras, sino en su orientación. La actual administración parece haber entendido que la infraestructura no es un fin en sí mismo, sino una palanca de desarrollo económico, generación de empleo y, sobre todo, de atención a problemas sociales históricos. La vivienda digna, por ejemplo, no solo reactiva la economía local; también incide directamente en la calidad de vida, la cohesión social y la reducción de desigualdades.
Este enfoque encuentra respaldo en el contexto federal. El programa Vivienda para el Bienestar, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, coloca el acceso a la vivienda como un derecho y no como un privilegio. La meta nacional de construir 1.8 millones de viviendas para quienes menos tienen, la reducción de requisitos para acceder a créditos del Infonavit y la atención a los créditos impagables heredados del periodo neoliberal muestran una política pública que articula desarrollo económico con justicia social. Morelos, hoy, parece estar alineado con esa visión.
Los empresarios reconocen que es estratégica la relación cercana, técnica y constante con el gobierno estatal. A diferencia del pasado inmediato —cuando el desapego del entonces gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo hacia los problemas estructurales del estado fue evidente—, hoy existe interlocución, planeación y seguimiento. Los constructores reconocen que hubo proyectos que venían “por inercia”, pero que estaban a la baja; la diferencia es que ahora esa inercia se ha revertido.
El sexenio anterior no solo se distinguió por escándalos de corrupción y una preocupante ausencia de rumbo, sino por desatender la economía local y los problemas sociales más urgentes. La falta de obra pública no fue un asunto administrativo: fue una renuncia tácita a usar el presupuesto como herramienta para el desarrollo. El costo lo pagaron miles de familias sin empleo estable, comunidades sin servicios adecuados y un estado que perdió competitividad.
El reto actual es mantener el ritmo de inversión, garantizar la transparencia en cada contrato y asegurar que las obras realmente respondan a las necesidades de la población, todo eso será clave para que este momento no se diluya. La obra pública debe medirse no solo en cifras, sino en impactos: viviendas habitables, infraestructura funcional, empleos dignos y beneficios tangibles, para empezar, para los morelenses.
