Las investigaciones necesarias
El ataque armado contra el alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero, podría ser considerada parte de una constante de violencia política que ha escalado en el estado durante la última década y que ha cobrado la vida de autoridades y representantes electos, activistas y líderes sociales; pero quizá se cometería un error. Si bien los ataques contra políticos y activistas en el estado se han mantenido, cabe preguntarse cuántos de ellos derivan de vínculos con grupos delictivos.
No se trata de relevar a la autoridad de la obligación de investigar esos crímenes y sancionar a los responsables (tampoco es, por cierto, la voluntad de la actual administración de gobierno, a diferencia de sus antecesores que fácilmente clasificaban la mayoría de los asesinatos como pugnas entre grupos delictivos para omitir las indagatorias y procesar a los culpables).
Pero en muchos de los casos, como el atentado ocurrido este sábado en Jantetelco contra Valentín Romero, es necesario establecer si se trata de crímenes asociados con su labor como funcionarios electos o si derivan de los probables vínculos con agrupaciones delictivas, pues entonces los impactos son distintos.
Mientras la violencia política busca limitar o anular la acción de un gobernante y torcer o borrar la voluntad popular: la violencia de grupos delictivos dirigida contra funcionarios públicos pretende establecer el dominio de una banda criminal sobre territorios definidos, colonias, barrios, municipios, regiones.
Entonces los orígenes, pero también los destinos de ambas formas de violencia (siempre reprobables) son distintos. Cuando la violencia política tiene éxito las instituciones y la sociedad sufren, se callan discursos y acciones transformadoras del entorno, se anulan esperanzas. El caso del alcalde de Temoac no parece ser de este tipo.
La sospecha de que Temoac es administrado por alguien con vínculos con un grupo delictivo específico dedicado a la extorsión, el secuestro y el homicidio en por lo menos cuatro municipios de la región oriente de Morelos coloca el ataque en una dimensión muy diferente a la que tuvieron los asesinatos de políticos y activistas durante la administración de Cuauhtémoc Blanco, en que se acallaron voces y anularon esperanzas de cambio.
De cualquier forma, urge una investigación que establezca el origen del crimen. Porque en respeto a la presunción de inocencia no puede asegurarse que el alcalde esté vinculado a una organización criminal, aunque sea yerno de la presunta líder de ese grupo delictivo. Pero la sospecha queda y aclararla en definitiva daría la claridad suficiente sobre el origen del ataque y su impacto real en la política y la vida pública de Morelos.
La violencia no debe tolerarse en ninguna de sus formas, pero -debemos insistir- no es lo mismo un ataque político que toma forma criminal, a un ataque cometido por criminales en contra de quien tenía un cargo público.
Por eso urgían las investigaciones y los deslindes desde hace muchos meses.
