El alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, advirtió sobre la necesidad de revisar y perfeccionar la legislación en materia de pensiones, al considerar que su aplicación actual genera presiones severas a las finanzas municipales y posibles afectaciones a los derechos laborales, por lo que llamó a tratar el tema con cautela y responsabilidad para dar paso a la creación del Instituto de Pensiones.
El edil reconoció que las reformas realizadas a la ley tienen una razón de ser, particularmente aquellas que establecen que los trabajadores que perciben su salario con recursos federales no puedan jubilarse a través del sistema estatal. Explicó que la dependencia económica forma parte del vínculo laboral y que, aunque estas disposiciones impactan a un número importante de personas, también buscan fortalecer la viabilidad financiera del Instituto de Pensiones.
“Hay muchas cosas que se pueden mejorar en la ley, que pueden afectar derechos generados o expectativas de derechos de quienes ya llevan muchos años laborando; creo que hay que ser muy cuidadosos en el tratamiento de este tema”, expresó Uriostegui, al subrayar que cualquier modificación debe equilibrar la protección de los trabajadores con la sostenibilidad del sistema de pensiones.
El presidente municipal insistió en que uno de los principales problemas radica en la forma en que se calcula la pensión, particularmente cuando un trabajador ha prestado servicios en distintas instancias del sector público. Señaló que, en estos casos, la pensión debería cubrirse de manera proporcional al tiempo laborado en cada dependencia, ya sea en el Ejecutivo estatal, el Poder Judicial o un Ayuntamiento, y no cargarse en su totalidad al último empleador.
“Si una persona trabajó en tiempos porcentuales en distintas áreas, la pensión debe cubrirse en base a ese porcentaje laborado y no cargar el 100 por ciento al último trabajo, porque eso afecta sin que se haya obtenido un beneficio por el largo plazo”, explicó.
Uriostegui Salgado advirtió que esta práctica ha tenido un impacto directo en las finanzas municipales, ya que se han registrado casos de personas que se incorporaron a dependencias como el Sistema DIF apenas meses, e incluso semanas, antes de iniciar su trámite de jubilación, trasladando al municipio una carga económica que no corresponde al tiempo real de servicio.
Actualmente, el Ayuntamiento de Cuernavaca destina alrededor de 450 millones de pesos anuales al pago de pensiones, una cifra que, de acuerdo con el alcalde, compromete seriamente la capacidad financiera del municipio para invertir en obra pública y servicios básicos.
Finalmente, el edil reiteró su llamado a abrir un diálogo amplio y técnico sobre el tema, que permita corregir distorsiones en el sistema de pensiones, garantizar los derechos de los trabajadores y, al mismo tiempo, evitar que las finanzas municipales sigan viéndose afectadas por esquemas que calificó como inequitativos y poco sostenibles a largo plazo.
