La corrupción es uno de los principales obstáculos para el desarrollo de las comunidades indígenas y afromexicanas, lo que ha perpetuado la desigualdad y limitando el acceso a recursos y servicios básicos, aseguró la diputada indígena Guillermina Maya, quien enfatizó que en muchos casos los pueblos originarios se enfrentan a gobiernos locales que carecen de transparencia y mecanismos eficaces para prevenir y sancionar actos corruptos.
“En México, las comunidades han enfrentado históricamente marginación y exclusión social. Esto ha generado un entorno donde los recursos destinados a mejorar nuestra calidad de vida son desviados o mal utilizados. La falta de rendición de cuentas y el clientelismo político afectan la distribución justa de los recursos”, expresó.
Entre los principales problemas que se registran en las comunidades indígenas y afromexicanas destacan el desvío de recursos públicos, fondos destinados a infraestructura, salud y educación, que a menudo nos llegan a las comunidades. Así como la manipulación de programas sociales.
“Los programas de apoyo económico pueden ser a menudo utilizados como herramientas políticas, condicionando su entrega a cambio de votos. Hay una falta de acceso a la información y muchas comunidades no cuentan con información clara sobre los recursos que les corresponden y los proyectos que se implementan”, expresó.
Ante esta realidad, algunos pueblos originarios han activado estrategias basadas en sus usos y costumbres para combatir la corrupción como la implementación de un gobierno comunitario que se basa en la toma de decisiones colectivas y la rotación de cargos, reduciendo el riesgo de acumulación de poder y prácticas corruptas.
Así como la transparencia comunitaria, en la que en algunas localidades se organizan asambleas abiertas donde se rinde cuenta de los recursos utilizados; consejos de vigilancia, integrados por miembros de la comunidad que supervisan las obras públicas y el manejo de recursos; aplicación de la justicia indígena, en la que se generan mecanismos de justicia comunitaria y no de la justicia ordinaria, para sancionar a quienes ejercen cargos, que garantizan la no repetición de los actos y la restitución de los recursos desviados o mal manejados.
«La anticorrupción en comunidades indígenas requiere un enfoque que respete sus tradiciones y fortalezca su capacidad de autogobierno. Además, es fundamental que las autoridades federales y estatales reconozcan este derecho de autonomía y libre determinación, en el que las comunidades indígenas y afromexicanas, como sujetos de derecho público, implementamos nuestras propias formas de fiscalización, vigilancia y sanción. Asimismo, nosotros debemos ser cuidadosos de lo que nuestros representantes realizan al ejercer sus cargos, y oponernos a que pretendan modificar nuestros sistemas normativos, implementando mecanismos que no reconocemos como nuestros y que generan confusión entre los miembros de las comunidades», aseveró.