La diputada federal Meggie Salgado hizo un llamado a sus compañeros legisladores a actuar con congruencia y responsabilidad ante la denuncia de un presunto delito sexual contra el diputado federal y exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo.
“Es imperativo actuar con ética y transparencia. No podemos permitir que casos como este sean minimizados o normalizados. La violencia de género no se combate con discursos ni con buenas intenciones, sino con hechos”, enfatizó.
Salgado subrayó que México atraviesa un proceso de transformación en el que no deben repetirse las prácticas de encubrimiento que han permitido la impunidad durante años. Destacó que, en un Congreso con mayoría de mujeres, es su deber garantizar que las víctimas tengan acceso a la justicia sin obstáculos políticos ni dilaciones injustificadas.
“Este no es un asunto de partidos ni de ideologías. Hay temas que nos unen como sociedad, y uno de ellos es la exigencia de justicia. Se debe respetar el debido proceso, sí, pero también debemos asumir nuestra responsabilidad para que no se perpetúe la impunidad”, sostuvo.
La legisladora insistió en que el Congreso debe marcar un precedente claro. “No podemos ser cómplices con el silencio. Como representantes del pueblo, estamos obligados a garantizar que la ley se aplique sin distinciones”, sentenció.
Retraso en la discusión sobre desafuero de Cuauhtémoc Blanco
Las declaraciones de Salgado ocurren en medio de la postergación del juicio de procedencia solicitado por la Fiscalía de Morelos contra Cuauhtémoc Blanco, acusado de tentativa de violación en agravio de su media hermana.
Hugo Eric Flores Cervantes, presidente de la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados, informó que la discusión del desafuero se ha retrasado debido a que aún esperan información de la Fiscalía estatal sobre las investigaciones en curso.
La decisión de suspender la discusión ha generado cuestionamientos sobre la actuación del Congreso en casos de esta naturaleza, particularmente en lo que respecta a la responsabilidad de los legisladores en garantizar que no haya impunidad cuando se trata de presuntos delitos graves.
