El municipio indígena de Hueyapan enfrenta un nuevo episodio de tensiones sociales tras la convocatoria realizada por el Consejo Mayor para aprobar una serie de estatutos que han generado preocupación y rechazo en amplios sectores de la comunidad. La asamblea general, realizada el 15 de diciembre en la plaza principal, evidenció profundas divisiones entre los habitantes y las autoridades, con acusaciones de violaciones a derechos humanos y cuestionamientos sobre la legitimidad de las decisiones tomadas.
Los nuevos estatutos y sus implicaciones
La propuesta presentada por el Consejo Mayor incluye cambios significativos en las normas comunitarias, los cuales, según denunciaron habitantes, no fueron consultados de manera adecuada. Uno de los puntos más controvertidos es el Artículo 33 del Capítulo Quinto, que establece la pérdida de la ciudadanía comunitaria para quienes se ausenten del municipio por más de un año sin previo aviso a las autoridades.
El texto del artículo señala que la ciudadanía comunitaria se pierde por:
1. Renuncia expresa ante las autoridades.
2. Ausencia del territorio por más de un año sin autorización.
3. Incumplimiento de obligaciones comunitarias.
4. Conducta conflictiva que altere la vida comunitaria.
5. Condena por delitos dolosos.
6. Negativa injustificada a cumplir cargos comunitarios.
7. Otras causas determinadas por la Asamblea General.
Delia Ramírez Castellano, integrante del grupo Tizuame y Vivir en Comunidad, calificó este artículo como un “destierro encubierto” que afecta a quienes migran por motivos laborales o personales. “Es injusto que se nos trate como extranjeros en nuestra propia tierra solo por trabajar fuera del pueblo. Este estatuto no tiene sentido y vulnera derechos fundamentales”, expresó.
Otro punto polémico es el Artículo 59, fracción VII, que sanciona a quienes critiquen al Consejo Mayor en redes sociales y prohíbe grabar o divulgar información sobre las asambleas sin autorización expresa. Esto ha sido señalado como un atentado contra la libertad de expresión. “Nos están robando nuestra voz. Quieren callarnos y controlar todo lo que pasa en la comunidad”, agregó Delia.
Rechazo de la comunidad
La asamblea del 15 de diciembre fue el escenario de protestas inmediatas por parte de los asistentes, quienes señalaron que los nuevos estatutos ya habían sido rechazados en asambleas previas. “En junio pasado les dijimos que no. No pueden imponer algo que el pueblo ya rechazó”, manifestaron habitantes durante la reunión, según transmisiones en vivo realizadas por los mismos pobladores.
A pesar del evidente rechazo, el Consejo Mayor insistió en someter a votación los estatutos, lo que fue interpretado como una acción autoritaria y alejada de los principios de consulta y consenso que rigen las comunidades indígenas.
Cuestionamientos legales e internacionales
Diversos especialistas en derecho señalaron que las acciones del Consejo Mayor contravienen marcos legales nacionales e internacionales que protegen la autonomía y los derechos de los pueblos indígenas. Entre las normativas destacadas se encuentran:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Artículo 2): Reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, siempre que sus normas internas respeten los derechos humanos.
Convenio 169 de la OIT: Obliga a consultar de manera previa, libre e informada a las comunidades indígenas sobre medidas que afecten sus derechos.
Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas: Exige el consentimiento previo de los pueblos indígenas para la implementación de medidas que los impacten directamente.
Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Morelos: Salvaguarda la autonomía de las comunidades, siempre en respeto a los derechos fundamentales.
La ausencia de un proceso de consulta adecuada pone en entredicho la validez de los estatutos y refuerza las acusaciones de violaciones al marco legal.
El papel de Germina Maya Rendón en el conflicto
Habitantes de Hueyapan señalaron que Germina Maya Rendón, actual diputada local por Morelos y exconcejala del municipio, ha sido una figura clave en la imposición de decisiones controvertidas. Según testimonios recabados, Maya Rendón, quien residió en Estados Unidos por más de una década antes de regresar a Hueyapan en 2019, construyó alianzas políticas que la llevaron a ocupar cargos de poder.
Durante su gestión como concejala, Maya Rendón impulsó medidas rechazadas por la comunidad, lo que generó descontento entre los habitantes. Ahora, como diputada, continúa siendo señalada por promover políticas que, según los pobladores, atentan contra los derechos y la autonomía del municipio indígena.
Demandas de la comunidad
Ante la situación, la comunidad de Hueyapan ha emitido un pliego petitorio que incluye las siguientes exigencias:
1. Anulación de la asamblea del 15 de diciembre y de cualquier disposición aprobada en ella.
2. Garantías de respeto a los derechos humanos y la autonomía del municipio por parte de las autoridades locales y federales.
3. Realización de consultas previas, libres e informadas en cualquier reforma normativa futura.
Los habitantes también responsabilizan al Consejo Mayor y a las autoridades locales por cualquier acto de violencia que pudiera suscitarse, recordando incidentes previos, como un intento de agresión a varias mujeres en 2020.