

En la asamblea general de Alpuyeca, este lunes, los pobladores decidieron desconocer a la ayudanta municipal, Ana Abril Arreola Sánchez, al encontrar diversas irregularidades en prejuicio de este poblado que se rige por usos y costumbres.
En entrevista con La Jornada Morelos, José Martínez Cruz, integrante de la Comisión Independiente de Derechos Humanos en Morelos (CIDHM), explicó que se encontró que la auxiliar no ha realizado de manera óptima su funcionamiento, actuando contrario a las necesidades y determinaciones de la comunidad, por lo que se acordó tomar las oficinas de la Ayudantía, en tanto no se llegue a acuerdos.
Por tal motivo, agregó que se solicitó la presencia de la Contraloría para dar fe de los hechos, así como de Visitadores de la Comisión de Derechos Humanos Morelos (CDHM) para evitar cualquier acto que lesione las prerrogativas de la comunidad indígena de Alpuyeca.
“Son más de 17 mil habitantes de Alpuyeca, quienes en sus asambleas han decidido construir su autonomía y libre determinación. La asamblea de la comunidad indígena de Alpuyeca se llevó a cabo para analizar qué es lo que está pasando con la Ayudantía municipal y al observar una serie de irregularidades se tomó la determinación de desconocer a la ayudanta, tomar las oficinas y ratificar los acuerdos de la asamblea”, dijo Martínez Cruz.
Es decir, por mayoría, los pobladores defienden la creación del municipio indígena de Alpuyeca, mismo que está actualmente en proceso de determinación por parte del Congreso del Estado de Morelos, ya que se han cubierto todos los requisitos para poder ser reconocidos como territorio originario; sin embargo, hasta el momento todavía no existe el dictamen.
“No obstante a ello, el pueblo se ha organizado. Ya tiene sus sistemas normativos aprobados en la Asamblea General, tiene su Consejo, tiene su plan de gobierno, tiene la creación de comités de administración y de vigilancia para la aplicación de presupuestos directos, entre otras cosas. Por lo que los pobladores de Alpuyeca determinaron que se debe de respetar por parte de las autoridades su proceso de autonomía y libre determinación establecido en el artículo Segundo Constitucional que se modificó recientemente para garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas», acotó.


