Roberto “N” maltrataba cotidianamente a “su mascota” un perro de nombre Bayleis; para no escuchar el llanto adolorido se ponía audífonos mientras lo golpeaba con una pala hasta que le causó la muerte después de, se calculan, 25 impactos. El sujeto fue llevado ante el juzgado y aunque la Fiscalía General de Morelos pedía una sanción mayor, el juzgador otorgó la suspensión provisional y condicionada del proceso por un año a cambio de condiciones que los grupos de derecho animal consideran muy suaves. La determinación resultó, en efecto, ejemplar porque demuestra lo mucho que hay por hacer en términos de legislación para sancionar con mayor severidad el maltrato animal.

El propio magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Emilio Elizalde Figueroa aseguró que el juez de la causa actuó conforme a derecho, “lo que nos permite la ley es lo que podemos aplicar”, y recordó que el acusado “no está en libertad, está vinculado a proceso con medidas cautelares”.

De hecho, el juez de la causa otorgó la suspensión condicional del proceso por un año bajo las siguientes condiciones: residir en su domicilio; no realizar actos de molestia en el domicilio de los testigos ni el denunciante, ya sea de manera personal o por medios digitales; abstenerse de consumir drogas o alcohol; prestar servicio social en la Procuraduría de Protección al Medio Amiente del Estado de Morelos (Propaem); someterse a tratamiento psicológico enfocado a la sensibilización sobre el respeto a los animales; conseguir empleo y oficio; y someterse a la vigilancia de la Unidad de Medidas Cautelares (Umeca).

Además, y esto fue lo más indignante para los defensores de los animales (que ayer mismo se manifestaron arrojando croquetas en la estatua de la diosa Themis frente al Tribunal Superior de Justicia) y para la sociedad, se impuso “como reparación del daño”, la entrega por parte del imputado de 6 mil 180 pesos; de los que 5 mil 280 deberán ser entregados como equivalente en croquetas para perros y 900 en efectivo, a favor de grupos de protección a los animales. Es decir, el equivalente a entre cuatro y seis bultos de veinte kilogramos de alimento para perro.

La resolución del juez agravó el escándalo sobre el primer caso de maltrato animal en que se había logrado vinculación a proceso y prisión preventiva para el perpetrador. Lo que el caso ilustra es la urgencia de avanzar en la legislación para sancionar con más rigor el maltrato animal.

“Nosotros no podemos ir más allá de lo que nos obliga la ley… estamos hablando (en el caso de los acusados) de personas que cuentan con sus derechos… la ley les permite estar en libertad en condiciones establecidas por el juez”, aseguró Elizalde Figueroa, quien consideró positivo el que el Congreso ya procesa reformas legales que contemplan elevar las sanciones para el maltrato y la crueldad animal. “Tengo el conocimiento de que ya el Congreso del estado está en trámites muy avanzados sobre el tema”.

De hecho, hace unas semanas, la diputada Andrea Gordillo Vega (PAN) presentó una iniciativa de reforma que distingue el maltrato y la crueldad animal, prohíbe el uso de animales en rituales religiosos y eleva las penas aplicables a esas conductas.

Gordillo Vega aseguró en entrevista ayer lamentó que el juzgador haya impuesto una pena tan reducida al agresor. “Creemos que es indispensable castigar a las personas que maltratan a un animal, sobre todo porque quien maltrata a un animal puede maltratar a cualquier persona”.

Recordó que la iniciativa que presentó establece agravantes que llevarían las penas hasta ocho años de acuerdo con cada situación, “para las personas que han luchado tantos años contra el maltrato animal es una burla que solamente sancionan con cuatro paquetes de croquetas, ni siquiera lo suficiente para ayudar a algún albergue. Debe tener una sanción real y sobre todo que haya consecuencias porque si no van a seguir pasando estos casos”.

Llamó al Poder Judicial de Morelos a tomar en serio estos asuntos, “porque desde ahí empieza la inseguridad. Pareciera inútil entonces el esfuerzo del Congreso de castigar con cárcel” estos casos.

Aparte, el coordinador parlamentario del PAN en la LVI Legislatura de Morelos, Daniel Martínez Terrazas anunció que ya prepara una nueva reforma adicional que presentará “de manera personal” al pleno para incrementar las penas en delitos cometidos contra los animales. “tiene que ser todo el peso de la ley, ya estos animalitos ya son parte de muchas de nuestras familias… vamos a incrementar todas las penas y que no vaya a quedar solamente en un hecho aislado o un hecho que con cuatro bultos se pueda compensar”.

La iniciativa de Terrazas pretende aumentar como mínimo de cinco a diez años de prisión (actualmente son cuatro) y sería presentada en la sesión de este mismo jueves como de urgente y obvia resolución, “esperemos que haya el consenso de las y los legisladores, pero nosotros la presentaremos de manera personal”.

La Jornada Morelos