Editorial
La mañana de este martes una agrupación de taxistas decidió bloquear los accesos a Cuernavaca para demandar una nueva prórroga para el pago del refrendo vehicular, una contribución que todos los propietarios de vehículos en Morelos deben cumplir idealmente en los primeros cinco meses del año y que significa uno de los ingresos importantes para el gobierno estatal.
Casi al terminar mayo, el Ejecutivo autorizó una prórroga en el pago del refrendo, dada la escasa participación de los contribuyentes, misma que derivó de los problemas de atención que, durante los primeros meses del año presentó la Coordinación General de Movilidad y Transporte. El nuevo plazo vencería el 30 de junio, y para establecerlo se consideró el nivel de cumplimiento de los propietarios (que supera ya el 35%), la afectación real en la atención al público, y la agilización del trámite mediante el sistema de citas.
Las políticas de transporte en Morelos han sido especialmente laxas con quienes se dedican al transporte público de pasajeros, tanto en el servicio colectivo como en el de vehículos de alquiler; si bien no se les autorizan los incrementos a las tarifas que ellos demandan (aunque en el caso de los taxis ha habido constantes incrementos no autorizados del costo a los pasajeros), las autoridades han permitido durante décadas que chatarras presten un servicio de ínfima calidad y enorme riesgo para los usuarios.
Los datos demuestran esa laxitud, no hay un registro pertinente de revista mecánica, persiste el pirataje en el transporte, los agentes de tránsito son especialmente dóciles con el servicio público (especialmente el colectivo), todo ello en detrimento del servicio y con cargo al riesgo de los usuarios.
Cierto que no todos los transportistas son iguales, pero en términos generales, las quejas de los usuarios de taxis y rutas en Morelos son múltiples y refieren a las mismas conductas y condiciones de la prestación del servicio. Ello explica, en gran medida, el éxito que han tenido los servicios de transporte por plataformas digitales, aunque en muchos de ellos ya se presentan problemas igual de graves.
Frente a esa realidad, parecen absurdos los bloqueos que la agrupación de taxistas realizó este martes y que provocaron el caos en Cuernavaca. Mucho más cuando desde hace días se había llamado al diálogo a todas las agrupaciones de transportistas para atender y resolver sus demandas.
Por décadas el sector de transportistas ha sido utilizado como ariete político por gobernadores y otros funcionarios públicos. Hoy parece que se están pagando las consecuencias de esa mala costumbre en que se intercambian canonjías para los líderes por respaldos a aspirantes a cargos públicos y a funcionarios en ejercicio.
La idea de manipular a los transportistas cambió este sexenio por la de apoyarlos para que su negocio, del que viven miles de familias en Morelos, perdure y mejore. Pero parte de ese apoyo depende de que ellos contribuyan con el cumplimiento de sus obligaciones, incluidas las fiscales.
En este sentido, el Ejecutivo nuevamente les tendió la mano y concedió una nueva prórroga, de otro mes, para cumplir con el pago del refrendo; algo que muestra la voluntad de diálogo y conciliación del gobierno estatal, aun cuando, muy probablemente, los bloqueos hayan tenido una intencionalidad política y no una bandera social.