Dos presuntos “aviadores” tramitaron su jubilación del Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes, solicitudes que fueron observadas y ya investiga la Fiscalía Anticorrupción de Morelos; no son los únicos casos de probables irregularidades que ha denunciado la magistrada propietaria, Adriana Pineda Fernández, y se encuentran junto con otros cientos de carpetas entre los pendientes del órgano especializado.
La magistrada explicó que los dos sujetos que hicieron trámites para retirarse con cargo al órgano de justicia penal no colaboraron en su administración que inició en septiembre del 2022, “desde que yo llegué hicimos una revisión puntual de todas las personas, incluso dejamos de tener personas que cobraran por honorarios. Esa es otra investigación que se está haciendo en interior para ver hacia atrás antes de que llegara ¿Cuántas personas estaban cobrando por honorarios? Porque varias de estas personas ni siquiera existe un contrato que soporte esta prestación de servicios, ni mucho menos la evidencia de cumplimiento”, abundó.
Adelantó que de esa investigación podrían derivar nuevas denuncias “porque hay varias personas que fungieron también como directores de administración, personas que estuvieron a cargo de las áreas de contraloría que desde luego debieron haber observado esta condición”.
Recordó que se supone que esas personas, las que cometieron y toleraron esa serie de irregularidades en materia de personal, “aparentemente son de los fundadores en el 2008 del Tribunal y recordemos que estaban en el edificio a bellavista y prácticamente todos convivían en la misma sala… es un tema este bastante serio que hemos tratado con responsabilidad y que la Fiscalía Anticorrupción bueno, avanzando en sus investigaciones, que no solamente han sido testimoniales, sino también documentales”.
Pineda Fernández aseguró que el Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes ha sido muy prudente “en esperar a que sea la propia autoridad la que determine si hay una probable responsabilidad penal o no. Pero en medio de ello, bueno, pues se han visto inmerso una serie de circunstancias que tratan de enlodar o ensuciar la labor que realizo y también los integrantes del Tribunal que desvía totalmente que pretende desear la atención de este caso de corrupción que hemos denunciado”, advirtió.
Respecto de los casos de quienes tramitaron jubilaciones aún se está en el proceso de cuantificar el probable daño patrimonial, “porque como en el caso de la que está pendiente, todavía se siguen pagando, son estas remuneraciones que a producto de un decreto pensionatorio que no se pueden eliminar hasta en tanto no hay una sentencia que así lo ordene”.
