Angélica Estrada
El incremento de casos de narcomenudeo entre adolescentes en Morelos alertó a las autoridades encargadas de la justicia para jóvenes. La magistrada presidenta del Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes (TUJPA), Adriana Pineda Fernández, advirtió que este delito registró un aumento preocupante durante el último año, reflejando una realidad que exige atención inmediata y acciones integrales por parte de las instituciones del estado.
De acuerdo con datos oficiales del propio tribunal, los casos de narcomenudeo en adolescentes prácticamente se duplicaron, al pasar de 35 registros durante 2024 a 81 en lo que va de 2025. Esta tendencia, explicó la magistrada, no solo muestra un aumento en la participación de jóvenes en actividades relacionadas con el delito, sino también la creciente exposición de este sector de la población a entornos de violencia y riesgo.
Pineda Fernández señaló que el narcomenudeo se ha convertido en el principal delito cometido por adolescentes que llegan al sistema de justicia, lo que refleja problemáticas sociales más profundas, como la falta de oportunidades, el abandono escolar, la desintegración familiar y la influencia del crimen organizado en comunidades vulnerables. “Detrás de cada expediente hay una historia de carencias y contextos adversos que no pueden ser ignorados”, subrayó.
La magistrada detalló que, después del narcomenudeo, los delitos con mayor incidencia entre adolescentes son el robo con violencia y la portación de arma de fuego, lo que evidencia una escalada en la gravedad de las conductas delictivas y una normalización de la violencia entre jóvenes. Esta situación, advirtió, representa un reto urgente para las autoridades estatales y municipales.
Ante este panorama, hizo un llamado a fortalecer las políticas públicas dirigidas a la atención integral de las juventudes, priorizando la prevención, la educación, el acceso a espacios recreativos y el acompañamiento familiar y comunitario. Destacó que el enfoque no debe centrarse únicamente en la sanción, sino en la reinserción social y en la creación de condiciones que eviten que más adolescentes sean captados por dinámicas delictivas.
Finalmente, Pineda Fernández reiteró que atender esta problemática requiere del trabajo coordinado entre el sistema de justicia, las instituciones educativas, las áreas de desarrollo social y la sociedad en general, para proteger a las juventudes y ofrecerles alternativas reales de futuro lejos de la violencia y el crimen.
Imagen: Cortesía UNIR
