La bancarrota hídrica y el reto de rediseñar la autoridad del agua.
La semana pasada hablamos de la “bancarrota hídrica” como una advertencia severa sobre el estado que guarda el agua en México. En términos simples, estamos gastando agua más rápido de lo que la naturaleza puede reponerla, degradando al mismo tiempo los ecosistemas que permiten su renovación. Esto se manifiesta en acuíferos sobreexplotados, ríos convertidos en canales de aguas residuales, ciudades que crecen sin garantía de abasto y un campo cada vez más vulnerable a la variabilidad climática.
La analogía financiera es clara. Una bancarrota ocurre cuando los egresos superan de manera sostenida a los ingresos y se consumen las reservas sin posibilidad real de recuperación. Trasladado al ámbito del agua, significa que la extracción, el consumo y la contaminación han rebasado los límites de recarga natural de ríos, lagos, acuíferos y humedales. Como ocurre en cualquier bancarrota, el problema no es solamente la falta de recursos, sino una acumulación de malas decisiones, omisiones prolongadas y una incapacidad institucional para reconocer a tiempo la magnitud del problema.
México no enfrenta una crisis futura: vive una crisis estructural del agua en el presente. Más de la mitad de los acuíferos del país presentan algún grado de sobreexplotación; el saneamiento sigue siendo el gran pendiente nacional, con volúmenes crecientes de aguas residuales que se descargan sin tratamiento adecuado; y la gestión del recurso continúa fragmentada, con responsabilidades dispersas entre órdenes de gobierno que rara vez actúan de manera coordinada. A ello se suma una realidad incómoda: durante décadas hemos otorgado derechos de uso sin un control efectivo, sin medición confiable y sin una supervisión sistemática de las extracciones y las descargas.
Hablar de bancarrota hídrica implica también reconocer que el modelo actual ya no da más. No basta con construir más infraestructura si esta no se acompaña de reglas claras, información transparente y una autoridad del agua con capacidades reales para regular, vigilar y sancionar. No es sostenible seguir planeando el desarrollo urbano, industrial o agrícola como si el agua fuera un insumo ilimitado, ni seguir postergando decisiones impopulares pero necesarias, como la revisión de concesiones, la depuración de padrones y la actualización de tarifas que reflejen el valor real del recurso.
Sin embargo, esto no necesariamente significa colapso definitivo; puede ser también el punto de partida para una reestructuración profunda. En el caso del agua, esa reestructuración pasa por cambiar el enfoque: dejar de administrar la escasez con parches de corto plazo y comenzar a gestionar el agua como un bien estratégico para el desarrollo y la seguridad nacional. Esto implica fortalecer a la autoridad del agua, invertir en sistemas de información confiables, priorizar la recuperación de cuencas y acuíferos, y apostar decididamente por el tratamiento, la reutilización y la regeneración del agua como fuentes complementarias al abasto tradicional.
La bancarrota hídrica no se resuelve con discursos ni con anuncios aislados, sino con una política de Estado que trascienda sexenios, que incorpore al sector productivo, a los gobiernos locales y a la sociedad, y que asuma que el agua es un límite real al desarrollo, no una variable secundaria.
Es justo reconocer que la CONAGUA ha comenzado a enviar señales de que existe la voluntad de corregir el rumbo, particularmente a través de nuevas disposiciones legales y de acuerdos de alcance nacional. Sin embargo, revertir la bancarrota hídrica exige mucho más que leyes, programas o declaraciones. Requiere una reestructuración real y profunda de la propia Comisión: de sus sistemas de información, de sus procesos de autorización, control y vigilancia, y de un presupuesto que hoy sigue privilegiando la obra por encima de su función esencial: la administración efectiva de las aguas nacionales. Sin una autoridad del agua fortalecida en lo técnico, lo operativo y lo financiero, cualquier intento de transformación quedará en el papel. La recuperación de cuencas y acuíferos pasa, necesariamente, por reconstruir primero a la institución encargada de gobernarlos.
*Profesor, consultor y gerente general de AQUATOR.
