La Jornada Morelos / MDD
La recientemente aprobada Ley de Movilidad, Transporte y Seguridad Vial que recién aprobó el Congreso, aunque no ha sido aún publicada en el periódico oficial Tierra y Libertad para el inicio de su aplicación, incluye la transición a un esquema de flujo vial del transporte público colectivo con itinerario fijo, las conocidas como rutas en Morelos que permitiría el seguimiento en tiempo real de las unidades, pero eliminaría a cientos de plazas de “checadores”.
El coordinador de Movilidad y Transporte de Morelos, Jorge Arturo Barrera Toledo, quien aseguró que se trata de un modelo de operación que permitiría terminar con las carreras entre las unidades, uno de los principales motivos de accidentes que afectan la seguridad de los usuarios y la ciudadanía en general; mediante el establecimiento de un sistema más ordenado “que evite el uso de los famosos checadores, vamos a retirarlos en la medida en que se va implementando el sistema… derivado de los diálogos que sostengamos con las empresas” de transporte que se formarán y la migración que se tenga a ese nuevo sistema.
Refirió que la ley plantea en sus artículos transitorios plazos de hasta 180 días para la migración del sistema de concesiones a transportistas al de microempresas de transporte público.
Pero las organizaciones de transportistas aún no están conformes con las reformas, Dagoberto Rivera Jaimes, presidente de la Federación Auténtica del Transporte, advirtió que los liderazgos y concesionarios desconocen la ley que fue aprobada, pese a que se supone que fue construida en consenso con las organizaciones. “No están dando (a conocer) lo que se aprobó, lo que hayan debatido en el Congreso del Estado, entonces nosotros para no estar con que un diputado nos dice una cosa y el otro, otra; estamos esperando que se publique en el periódico oficial… y que ya podamos saber qué es lo que se aprobó para poder” contrastar la ley final con los acuerdos que se habían tomado.
“Conocemos la propuesta que nosotros habíamos hecho” y que se había consensuado con las autoridades del Ejecutivo, y a la que las organizaciones de transportistas habían hecho acotaciones sobre apartados que no aceptaban, como el uso de motocicletas para brindar servicios de transporte por plataformas; y otras regulaciones al servicio por aplicaciones.
Aseguró que, de considerarse afectaciones a sus actividades, los transportistas emprenderían acciones como huelgas de pagos, toma de edificios públicos y otras para obligar a la reconsideración de los apartados de la ley que lesionaran su actividad.
